Con acuerdo entre los mayores partidos de la provincia, el proyecto que presentó el Ejecutivo la semana pasada para obligar a trabajar a los condenados en prisión avanzaría en la sesión de hoy. Así lo comentaron referentes de ambos partidos después de que funcionarios explicaran los detalles en la comisión que sigue el tema.

Más gente de la habitual participó ayer en la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC) del Senado. A sus legisladores habituales se sumaron diputados y funcionarios como el ministro de Seguridad Gianni Venier; el director de Enlace de Asuntos Penitenciarios y Justicia, Juan Ignacio Mulet; y el director del Servicio Penitenciario, Eduardo Orellana.

Venier sintetizó lo que a su parecer es la clave del proyecto: “Es cambiar la configuración de todo el sistema, por eso es una estrategia muy compleja. Se trata de que (el preso) esté obligado a trabajar en un sistema que le permita ir cambiando su posición y que comprenda el daño del delito que cometió”.

En el mismo encuentro, Mulet recordó que los presos tienen el deber-derecho de trabajar pero, como no está atado a recibir otro beneficio que el monetario, varios prefieren no hacerlo. Orellana aportó que para lograrlo ampliarían la capacidad productiva de los talleres carcelarios y que se podía trabajar con empresas privadas para vender productos de calidad.

Las preguntas del justicialismo, encabezadas por la jefa del bloque Patricia Fadel y la senadora María José Ubaldini, apuntaban a artículos redactados de forma confusa y a conceptos que se daban por entendidos. La respuesta “está escrito para que lo entienda un juez” no convenció y se acordó en revisar la redacción.

De todas formas, el apoyo del peronismo fue explícito. Mario Díaz (PJ), diputado presidente de la comisión Bicameral de Seguridad, apoyó el “desafío” de que se convierta en una política de Estado y los discursos se cargaron de sentimentalismo. “Si ésto sale, perdurará más allá de todos nosotros”, se escuchó decir con una extraña emotividad.

En números aproximados, en Mendoza hay 2.500 condenados, de los cuales trabajan 1.200. La mayoría hace tareas de mantenimiento mientras que 560 trabajan en talleres elaborando productos que se venden. Cursan estudios 1.800 presos (varios de ellos a la vez trabajan). Un dato importante es que hay 2.000 personas sin sentencia que a priori no pueden acceder a ningún trabajo.

Legisladores de la UCR y del PJ comentaron que en la sesión de hoy tratarían el proyecto directamente en el recinto. Los votos del peronismo son necesarios para que se trate rápido, “sobre tablas”. En caso de que se caiga el acuerdo, habrá que esperar una semana más.

El Gobierno insiste con la cárcel federal

El Centro Federal Penitenciario Cuyo es una de las inversiones en la lista del Gobierno para llevar a la práctica el ambicioso plan para obligar a los presos a trabajar. Para abrir la licitación quedó la fecha del miércoles 21 de junio y así esperan reanudar una obra que desde 2015 está en un 50% de ejecución.

Se trata de una inversión de $ 676.629.000 para un complejo mixto en Cacheuta que permitirá alojar a 536 personas. Ellas han sido procesadas y condenadas por la Justicia Federal pero por el momento se encuentran en establecimientos de la Provincia. También se incluirá a detenidos provinciales considerados de alto riesgo.

“El diseño de la obra tuvo en cuenta el concepto de cárcel como un lugar de reinserción social y no de reclusión. De esta manera, se tienen previstos sectores destinados a la educación y al trabajo y sectores diferenciados para procesados y condenados”, afirman desde el Gobierno antes de insistir en que tendrá talleres laborales de producción.