La iniciativa fue impulsada por el senador de capital, Gustavo Sáenz, quien durante la sesión hizo una defensa del rol de la familia, pero lamentó que en la sociedad actual los padres tiendan a desatender la obligación con sus hijos.

No sólo los padres de adolescentes alcoholizados podrían terminar en la cárcel, sino también los de jóvenes que "produzcan desórdenes en la vía pública y lugares de acceso al público", y de los que "se encuentren en lugares y horarios no permitidos".

Con apoyo unánime del Senado, la reforma del Código Contravencional dispone que el juez podrá convertir la multa o el arresto impuesto "en tareas comunitarias y trabajos de conciencia colectiva".

El proyecto de Sáenz también dispone arrestos por 20 días para los dueños, encargados o gerentes de los establecimientos que expendan bebidas alcohólicas a personas en estado de ebriedad, o a menores de 18 años.

"No puede ser que menores de 11, 12 o trece años se encuentren solos en la noche y nadie se haga cargo de ellos", dijo Sáenz para justificar el proyecto.

Crédito

Antes, el Senado aprobó el proyecto de ley que ya había recibido sanción en Diputados que autoriza al Ejecutivo a endeudarse por diez millones de dólares, más sus intereses, con el Banco Interamericano de Desarrollo para un programa de mejora de la gestión municipal.

Así el cuerpo dejó al gobierno de Juan Manuel Urtubey en condiciones de gestionar el crédito ante el BID con el que se pretende aplicar en distintos municipios de la provincia programa para mejorar la gestión de recaudación de impuestos, entre otros objetivos.

El crédito fue presentado prácticamente como un buen negocio para el Ejecutivo por el senador Froilán Pedroza, debido a que la Nación se haría cargo del 20 por ciento de la devolución del capital y de los intereses. "Recibiremos diez millones y devolveremos 9 hasta el 2034", señaló el justicialista.

El proyecto sólo tuvo la oposición de la radical Silvina Vargas que recordó un crédito aprobado por el Senado hace tres años para obras sanitarias. "Yo mismo lo apoyé porque se preveían obras en Santa Bárbara y Tolombón, y hoy sus vecinos me lo quieren cobrar", se lamentó.

"En este caso, ni siquiera sabemos que proyectos se realizarán, ni tampoco en qué municipios", dijo la legisladora.