La Cámara Alta bonaerense aprobó el proyecto de ley que asigna una nueva función a los defensores oficiales y letrados auxiliares para poder asistir y representar víctimas de Violencia Institucional. La iniciativa fue elaborada por la legisladora de Nuevo Encuentro Mónica Macha y prevé la creación de una herramienta que permitirá avanzar en la lucha contra la impunidad de la violencia ejercida por agentes estatales sobre grupos vulnerables en la Provincia de Buenos Aires.

“A partir de este proyecto una persona puede recurrir a un defensor oficial para que lo asesore y represente en una causa que lo tenga como víctima de Violencia Institucional. Se trata de un paso más en la lucha contra la impunidad”, explicó la presidenta de la comisión de Derechos Humanos y Garantías del Senado bonaerense.

El proyecto de ley tiene como objetivo potenciar las posibilidades de acceso gratuito a la justicia y las de la defensa en juicio de las personas víctimas de violencia institucional. El proyecto facilita que una persona víctima de violencia institucional o sus familiares puedan ser representados en juicio como particular damnificado en el proceso penal en el que se investiguen y juzguen esos hechos.

“Para los sectores populares, que son las principales víctimas de Violencia Institucional, es problemático el acceso a la justicia. Con este proyecto buscamos que el Estado garantice un representante legal de forma gratuita y cualquiera sea la condición social de la víctima. Cuando hablamos de violencia institucional se trata de integrantes del Estado que violan los derechos de un ciudadano, por eso creemos que es imprescindible que la víctima cuenta con un defensor oficial para llevar adelante la denuncia”, aseguró la legisladora kirchnerista.

“Este proyecto de acceso gratuito a la Justicia para víctimas de Violencia Institucional es una herramienta complementaria de la ley que hemos impulsado de Fiscalías Especializadas en la temática y que avanza en el mismo sentido en la lucha contra la impunidad”, concluyó Macha.

Estado de situación

Las víctimas de la violencia estatal en nuestro país son centralmente jóvenes, varones, y provenientes de los sectores vulnerables de la sociedad según el informe anual 2012 del Registro Nacional de casos de Tortura y/o Malos Tratos (elaborado por el Comité Provincial contra la Tortura, la Procuración Penitenciaria de la Nación y el Grupo de Estudios sobre el sistema Penal y Derechos humanos, del Instituto Gino Germani).

En el 91,8% de los casos registrados las víctimas son hombres y en el 79,9% menores de 34 años.

Además, en territorio bonaerense, la violencia institucional alcanza ampliamente a niños y jóvenes según deja constancia el Informe del Registro de Casos de Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes de la Defensoría de Casación provincial.