Mientras ayer al mediodía la Policía del Chubut confirmaba que se conocían nuevos casos de damnificados, que tan solo en Comodoro Rivadavia suman una veintena, ayer al mediodía en la Oficina Judicial se llevó a cabo a la audiencia de control de detención y formalización de la investigación contra seis de los detenidos como sospechosos de integrar la banda de estafadores que fue desarticulada el sábado último en 30 allanamientos desarrollados en esta ciudad, Trelew y en las localidades rionegrinas de Viedma y General Conesa.

En una audiencia presidida por el juez penal Hugo Américo Juárez y en la que Diario Patagónico fue el único medio periodístico presente, el fiscal jefe Juan Carlos Caperochipi y la fiscal general Camila Banfi, imputaron a los seis detenidos por “asociación ilícita”.

Entre los imputados se encuentra Julio Rolón (56), nacido en El Guanaco, Paso de Indios, pero radicado en Trelew. Es considerado el presunto cabecilla de la banda.

También están detenido sus hijos: Lucas (19), estudiante secundario que supuestamente se encargaba de publicar la venta de los vehículos “reducidos” en las redes sociales. Y Noelia (29), una cajera de una carnicería que según la investigación se haría pasar como “gestora”.

Asimismo integran la lista Marcelo Vargas (49), oriundo de San Luis, dedicado en Trelew a la compra y venta de vehículos por consignación.

Todos ellos fueron representados ayer por la defensora pública Viviana Barillari, aunque se conoció que habrían acordado para las próximas actuaciones contar con los servicios del abogado particular Guillermo Iglesias.

El restante detenido del sábado en Trelew, Julio Villarroel, ex comisario de la Policía del Chubut, y ahora devenido en vendedor de inmuebles en Trelew -que tenía su oficina junto a la de Vargas- fue representado por el abogado Facundo Oribones.

Mientras, el único aprehendido en Comodoro Rivadavia, Eduardo Oscar Peralta, con domicilios en Misiones al 1.200 del Balcón del Paraíso de esta ciudad y también en Trelew fue asesorado por la abogada Norma Leiva.

INVESTIGACION COMPLEJA

La fiscal Camila Banfi detalló que a los presuntos integrantes de la banda se los siguió desde febrero de 2012 hasta mayo último con filmaciones y escuchas telefónicas que llegan a un total de cuarenta cuerpos documentados.

Se los investiga por estafas, robos de vehículos, falsificación y adulteración de automotores, con víctimas en Caleta Olivia, Comodoro Rivadavia, Sarmiento, Trelew, General Conesa, Viedma y Buenos Aires.

La Fiscalía sostiene que la banda ha mantenido permanencia, planificación y asociación para actuar. Los imputados están sospechados de poner a la venta vehículos originalmente alquilados o robados, falsificar y suscribir documentación, todo mediante engaño, lo mismo que comprar vehículos con cheques adulterados o robados.

Para el Ministerio Público hasta el momento el número de víctimas de esta asociación ilícita es indeterminado. “Se hacía un contrato de alquiler del vehículo, que antes de la primera cuota ya era vendido en el corredor patagónico” explicó Banfi.

La Fiscalía solicitó un año de plazo para investigar. Para ello pidió que la causa se declare “compleja”. Además solicitó cuatro meses de prisión preventiva para los detenidos por peligro de fuga -dadas las características del caso y que algunos de ellos no tienen arraigo- y por peligro de entorpecimiento -pudiendo influir en libertad sobre las personas que aún no han sido detenidas-.

Mientras tanto, la defensa de Peralta, solicitó el cese de la prisión preventiva aduciendo su inocencia y la nulidad del allanamiento en la casa del Balcón del Paraíso. La Fiscalía argumentó que en esa casa, ubicada al lado de la asociación vecinal de ese barrio, se secuestró documentación por una estafa a la familia Zugman, como así también una fotocopia de documento a nombre de Jorge Zamora -como se haría llamar Peralta- además de documentación de varios vehículos como un camión Ford Cargo secuestrado en Comisaria 34 de Buenos Aires y dos documentos de identidad con duplicados y triplicados.

Mientras, el defensor del ex comisario Villarroel solicitó su arresto domiciliario, negando el peligro de fuga y aduciendo problemas de salud de su representado y su condición de ex policía que le podría traer problemas en prisión.

En tanto, la defensora pública reclamó por las condiciones en que los detenidos fueron trasladados el domingo desde Trelew hacia esta ciudad. Consideró que no se puede llevar detenida a una persona 400 kilómetros esposada y solicitó la libertad de sus cuatro defendidos, citando el mínimo de pena esperado por el delito -de 3 años- y la falta de antecedentes penales.

Tras escuchar a las partes, el juez dictó la prisión preventiva de todos los imputados por tres meses, declaró compleja la causa por pluralidad de víctimas y casos, y otorgó un año de plazo de investigación a la Fiscalía.

Juárez fue tajante al decir que pese a que el delito no es grave porque no se puso en riesgo la vida de personas, “una asociación ilícita es peligro para la seguridad pública”.

Ante la decisión, la abogada Barillari solicitó una revisión de medida de prisión preventiva en el término de las 48 horas para debatir sobre la prisión preventiva de la familia Rolón y Vargas.

DOS PROFUGOS

Para hoy, en tanto, se espera que comparezca el séptimo detenido, que fue aprehendido el sábado en General Conesa. Además existen dos prófugos, uno de ellos en Córdoba y que de acuerdo con la investigación se encargaba de perfeccionar las adulteraciones de documentación y chapas patentes.