Desde ayer la policía mantiene la vigilancia en el resto de las viviendas que, extrañamente, y a pesar de que ya pasaron 3 meses de la entrega, no fueron ocupadas por sus adjudicatarios.

Las familias ocupantes anticiparon que no dejarán las casas hasta conseguir una solución de parte del IPV y que se explique “por qué funcionarios públicos fueron beneficiados con viviendas que debían ser destinadas a damnificados del alud, en primer término, y luego a familias que no cuentan con los medios para acceder a la casa propia”. Las cuotas que los beneficiarios deben abonar son de 415 pesos mensuales.

Marcos Sandoval, con su esposa y tres niños de 1, 4 y 6 años, ocuparon una de las viviendas que hasta el lunes anterior estaban desocupadas. “Ahí no llegaban las boletas de servicios, no hay gas ni luz, sólo agua, pero nosotros nos vamos a quedar hasta que aparezca el propietario”, aseguró el joven, quien hasta hace una semana trabajaba como changarín en el municipio, pero cree que con lo que está haciendo pronto será un desocupado más. “Si el dueño no aparece -todos comentan que 6 de estas viviendas son de un político-, no vamos a irnos de este lugar”, añadió. La vivienda usurpada por Marcos, su esposa Vanesa y sus pequeños hijos corresponde a la manzana E, casa 11 del barrio Néstor Kirchner.

La familia estuvo 48 horas en la vivienda y el adjudicatario no apareció; sí se hizo presente personal policial para evitar otras usurpaciones. Vanesa relató que “antes de tomar esta decisión fuimos a la oficina del IPV en Tartagal, allí avisamos que había viviendas que no recibían boletas de servicio y que desde la adjudicación estaban desocupadas. Nos dijeron que estas casas no tienen dueños y que las van a volver a sortear. No puede ser que desde hace tres meses estas viviendas estén abandonadas cuando hay tanta gente, como nosotros, que no tiene un techo donde vivir”, manifestó la joven, quien agregó que “no somos piqueteros ni delincuentes ni violentos; estamos aquí con nuestros niños después de haber padecido el tema del alud, porque vivíamos en la calle Independencia, una de las más afectadas”.

Natalia Ormachea tiene 27 años, es madre de tres niños y ocupó la vivienda 25 de la manzana J del mismo barrio, porque “aquí no había nadie viviendo”.

Las mujeres comentaron que “quien se quedó con una casa, a la que le está haciendo una ampliación enorme rodeada de muros de ladrillos, es el secretario de Gobierno de la Municipalidad de Tartagal, Armando Cazón; Raúl Gonzales, de la Dirección de Acción Social, también se quedó con otra propiedad, y a Hernán Vitanzi, el secretario de Obras Públicas, le dieron otra, pero en el barrio Santa María”. Las ocupantes coincidieron en que es difícil para ellos armar carpeta para el IPV por los requisitos que piden.

Virginia, de 18 años y madre de un bebé, quien usurpó la casa 19 de la manzana K, aseguró que “si los verdaderos adjudicatarios de estas casas se acercan, nos muestran que les pertenecen y explican por qué no las ocupan, estamos dispuestos a salir”.

Una de las adjudicatarias en el nuevo barrio Néstor Kirchner recordó que “desde que nosotros estamos aquí ya se vendieron varias casas; la última fue la que compró un supermercadista de Villa Saavedra, que pagó $7.000, y se la regaló a un hijo. Otra beneficiaria de Aguaray que tiene un niño discapacitado la vendió en $27.000”.

“Esto es conocido por todos y, especialmente, por el IPV. Si dan una vuelta por el barrio podrán comprobar quién vendió, quién alquila y quiénes son punteros políticos que se quedaron con casas”, remarcaron los ocupantes.