En lo que va del mes se produjeron en Posadas dos accidentes fatales que involucraron a empresas: dos en el sector de la construcción, uno de los cuales dejó a un obrero en grave estado de salud, y el restante en el transporte público. Estos eventos generaron dudas en varios aspectos, como las condiciones de seguridad en las que se desempeñan estas actividades y si los controles estatales son suficientes. En ese marco, desde el sector privado plantearon inquietudes respecto al respaldo que ofrecen las aseguradoras frente a este tipo de eventos. Advierten que hay vacíos legales que dejan desprotegidas a las empresas y dificultan que las víctimas de accidentes o sus familiares puedan recibir una justa indemnización.

Los eventos ocurridos en las últimas semanas difieren en cuanto a sus características, ya que los dos casos relacionados a la construcción fueron accidentes de trabajo y el restante, un accidente de tránsito. Sin embargo desde ambos sectores coincidieron en que las coberturas que ofrecen los seguros resultan insuficientes y ello resulta un inconveniente importante para empresas que se desempeñan en actvidades que implican riesgos, tanto para sus trabajadores cuanto para otras personas.

Doble vía

En casos de accidentes de trabajo, como el que recientemente le costó la vida a un operario de la construcción, hay un vacío legal que impide a las empresas tener una cobertura completa frente a este tipo de eventos y a las víctimas o a sus familiares, tener certezas respecto a si van a poder cobrar una indemnización que se ajuste al daño sufrido.

Según detalló Santiago Horianski, presidente de la Asociación Misionera de Productores Asesores de Seguros, en casos de muerte, las aseguradoras calculan la indemnización en base a la edad, el nivel de instrucción, el salario que cobraba y el grupo familiar del fallecido.

Cuando ocurre uno de estos accidentes, las aseguradoras pagan indemnizaciones según los parámetros establecidos por la Ley de Aseguradoras de Riesgos de Trabajo (ART). El problema es que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ya dejó claro en 2004 -a través de un fallo que sentó jurisprudencia- que las indemnizaciones calculadas según los criterios de esta ley promulgada en los ‘90, en pleno auge de la flexibilización laboral, no necesariamente son suficientes. Con esto habilitó a quienes consideraran insuficiente la indemnización recibida, a accionar contra las empresas, aún habiendo cobrado el monto ofrecido por la ART.

Esta contradicción entre la letra de la Ley de ART y los criterios de la Corte Suprema y la falta de una nueva ley que siente bases más sólidas, deja un amplio terreno para la incertidumbre.

Por un lado los empresarios no tienen forma de cubrirse frente a accidentes de trabajo, ya que por más que paguen el seguro más completo del mercado, siempre correrán el riego de enfrentar un juicio millonario, eso desalienta inversiones en actividades que involucran mayor riesgo, como la industria, según adviertieron desde la Cámara de Comercio e Industria de Posadas.

Por otro lado, las víctimas de accidentes tampoco tienen garantía de cobrar una indemnización acorde, ya que para ello deberían accionar legalmente contra la empresa, lo que en la mayoría de los casos no es posible, porque -salvo caso de muerte o invalidez severa- hacer un juicio contra la empresa equivale a perder el trabajo, opción que no siempre resulta conveniente para los empleados.