La deuda del Gobierno provincial con los proveedores del Estado amenaza con transformarse en otro tema electoral. Los legisladores de la oposición se defienden de la afirmación de un empresario de la salud y lanzan munición gruesa contra el Ejecutivo:

"Nunca tocamos la pauta de gastos que mandó el Gobierno, sino que discutimos los ingresos, que creímos subvaluados", recuerda el diputado demócrata Roberto Pradines; mientras que el senador Sergio Moralejo (UCR) fue más allá aún: "Ya en el proyecto de Presupuesto 2011, tenían previsto financiarse con los proveedores".

La información publicada por Los Andes el sábado pasado, en la que empresarios del transporte y proveedores de insumos hospitalarios se quejaban de los atrasos en los pagos del Estado, genera sospechas en la oposición. En esa información se reproducía una afirmación que resulta casi una amenaza: elempresario Daniel Salas, gerente de Distrifar, pidió a los legisladores que "se hagan cargo del problema porque son ellos quienes recortaron la pauta".

Esas palabras vienen a caldear el clima frente al nuevo pedido de endeudamiento que se sumará al de 431 millones que ya tuvo aval legislativo en el Presupuesto 2011.

La historia de la aprobación del Presupuesto 2011 fue traumática y llena de idas y venidas. Lo concreto es que ningún bloque de la oposición se atrevió a recortar los gastos que había previsto el Ejecutivo. Los Andes reflejaba esta pelea en su edición del 19 de diciembre pasado y en otras sucesivas, en las que el foco de la discusión estaba puesto en el incremento de las alícuotas de impuestos provinciales, aumento que impactaría en los ingresos.

En esa misma publicación se informaba que el Ejecutivo había enviado una pauta de gastos para Salud de apenas 103 millones más, comparado con el gasto ejecutado de 2010. En una reunión en la que estuvieron presentes legisladores de todas las bancadas, el propio ministro de Salud Juan Carlos Behler admitió que no llegaba a fin de año con ese dinero.

Por esto es que los legisladores rechazan las expresiones del gerente de Distrifar. Moralejo asegura que el cálculo de gastos estatales "era inviable". En el mismo sentido, la diputada Liliana Vietti (UCR, contadora y ex secretaria de Hacienda de la Municipalidad de la Capital), reitera el argumento de Moralejo: "Sabíamos que no iban a llegar a fin de año. De hecho explicitaban en las planillas de Ahorro, Inversión y Financiamiento que se iban a financiar con proveedores. Le tiran la pelota a la Legislatura, pero la realidad es que hay impericia de esta gente".

¿Qué significa financiarse con proveedores? Pedir los insumos que requiere el Estado para funcionar y estirar los pagos, "pateándolos" incluso hasta el próximo presupuesto. En las planillas que presentó el Ejecutivo en diciembre, la previsión del Gobierno era tener una deuda con los proveedores de hasta 150 millones de pesos, cifra que en aquel entonces parecía una enormidad para los legisladores, "porque viola la ley de Contabilidad y termina encareciendo las compras porque el proveedor cotiza más caro ante la posibilidad de cobrar después de mucho tiempo", recuerda Moralejo.

"Tienen pasión por endeudarse para cubrir gastos corrientes", dice Vietti y su afirmación desnuda la posición incómoda en la que quedarán los radicales en el tratamiento de un nuevo crédito. "En lo personal, nunca he votado un crédito para gastos corrientes", dice el senador Moralejo. Es casi un auto de fe para el radical. Pero, ¿qué pasará si llega ese pedido de endeudamiento que ya prometió remitir el ministro de Hacienda Adrián Cerroni? (ver aparte).

El problema es que este Gobierno termina en diciembre y hay elecciones en octubre. "Un pedido de endeudamiento deberá ser discutido como parte de una estrategia grupal, sobre todo cuando tenemos posibilidades ciertas de que Roberto Iglesias gane las elecciones", dice Vietti. Aprobar o no ese endeudamiento implica asumir un mandato con conflicto con proveedores o podar las cuentas después. Un dilema para un ex gobernador que ya probó el sabor amargo de la impopularidad por recortar los salarios estatales.