“Desde el poder político desmantelaron el equipo que trabajaba en la investigación del crimen de mi hija Paulina (Lebbos)”. La voz fuerte de Alberto Lebbos tronó en los pasillos del Palacio de Tribunales, frente a la sala de acuerdos de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT). Allí, cuatro de los cinco miembros del alto tribunal escucharon durante más de 40 minutos la exposición del ex funcionario sobre las novedades en la causa sobre el crimen de la joven estudiante de Comunicación Social, perpetrado en 2006.

Ayer al mediodía, los vocales Claudia Sbdar, Daniel Posse y Antonio Estofán, junto al presidente de la CSJT, Antonio Gandur, recibieron a puertas cerradas a Lebbos y a su abogado, Emilio Mrad. No permitieron que la prensa registrara el encuentro y tampoco hicieron declaraciones al finalizar la reunión.

Lebbos, en cambio, explicó detalladamente el motivo de la audiencia. El padre de Paulina fue a pedir la intervención del tribunal ante las versiones de traslados de miembros de Gendarmería Nacional y Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) de la causa. “El señor presidente (de la Corte) se comprometió a gestionar ante el Ministerio de Seguridad de la Nación la reposición del personal desplazado de la investigación”, relató Lebbos.

Cuando en junio del año pasado el fiscal de Instrucción en lo Penal de la IV° Nominación, Diego López Ávila, tomó las riendas de la pesquisa, se habilitó una oficina especial para el equipo de investigación. Además, se apartó a la Policía de Tucumán de las actuaciones y se dio intervención a la PSA. Un equipo interdisciplinario de expertos de Gendarmería también se sumó al proceso. “Se trata de personas que realizan tareas técnicas y científicas; son muy preparadas, con mucha idoneidad y, sobre todo, de mucha confianza las que fueron separadas”, ponderó Lebbos. “El fiscal no tiene personal para investigar”, reclamó luego.

Lebbos destacó que la causa por la investigación de la muerte de su hija se encuentra en estado avanzado y que, a raíz del traslado de estos investigadores, muchas medidas solicitadas quedaron sin realizarse. “No es casual esta maniobra cuando estamos muy cerca de la verdad, y es llamativo que, en estas circunstancias, aparezcan estas medidas para desmantelar el equipo. No tengo la menor duda que acá está la interferencia política del gobierno de José Alperovich”, disparó el padre de Paulina

Albaca, en funciones

Lebbos pidió la audiencia con los miembros de la CSJT el lunes, luego de leer la entrevista que Gandur, concedió a LA GACETA. En ella, el magistrado indicó que no veía que se produzca ningún daño a la sociedad cuando un fiscal con pedido de juicio político decide retirarse.

Se refería a la renuncia de Carlos Albaca, ex fiscal de la causa por el crimen de Paulina Lebbos. Por su desempeño en el caso, la CSJT ya había ordenado un sumario administrativo en su contra. El informe final, firmado por la fiscal de Cámara Marta Jerez de Rivadeneira, condenó el accionar del investigador, que llevó la pesquisa durante siete años. En diciembre, legisladores del PRO y de la Unión Cívica Radical presentaron un pedido de juicio político en su contra, pero a los pocos días Albaca renunció a su cargo buscando acogerse a los beneficios jubilatorios (había iniciado este trámite un año antes, pero no había podido concretarlo). Alperovich aceptó su dimisión el 24 de enero, por lo que el juicio político no prosperará.

Al respecto, el presidente de la Corte opinó que el objetivo del cese del fiscal “que no actuó como correspondía” está cumplido con su renuncia. “Con la dimisión queda satisfecho el interés del Poder Judicial”, señaló Gandur en la entrevista publicada el domingo pasado por este diario. Lebbos, al leer las declaraciones, pidió hablar con el tribunal.

El padre de Paulina además se enteró que Albaca ordenó una aprehensión el martes, por lo que dedujo que, pese a haber renunciado, sigue cumpliendo funciones como fiscal. “Este blindaje que le hicieron reviste una gravedad institucional terrible. En este momento, Albaca tiene más inmunidad que la señora Presidenta de la Nación”, señaló Lebbos. “Puede cometer un delito, un error o (incurrir en) mal desempeño de sus funciones, y no se le puede hacer nada porque está renunciado. Sin embargo, sigue en sus funciones. Ese blindaje se lo dio Alperovich, en pago del silencio y de los favores que le hizo Albaca para encubrir”, aseveró indignado Lebbos.

El fiscal López Ávila informó que el presidente de la Corte, Antonio Gandur, está al tanto de la situación, y remarcó que lo invitó a reunirse con él hoy por la mañana. El magistrado confirmó a LA GACETA que está dispuesto a gestionar la continuidad de los miembros trasladados o sus reemplazos. También pidió los antecedentes de la colaboración entre la Fiscalía y el personal que quedó fuera del trámite del expediente.