Según Jerez, la Oficina de Análisis limitará a la Justicia

El opositor quiere que la Cámara se pronuncie contra una acordada.
Siguen las reacciones en contra de la polémica Oficina de Análisis Social y Económico concebida por la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, para aconsejar a los jueces que lo solicitaran sobre el potencial impacto de las sentencias que aquellos tuvieran proyectado dictar en algunas causas.

El legislador opositor Esteban Jerez (Bloque Juan Bautista Alberdi) presentó un proyecto de declaración para que, durante la próxima sesión, la Legislatura se pronuncie en contra de la acordada N° 181/2010, por medio de la cual fue establecida la polémica unidad. "Lisa y llanamente, esta iniciativa, lejos de impactar en las consecuencias de las sentencias, lo hará en los propios pronunciamientos del Poder Judicial, ya que se limitará de un modo indebido la función de administrar justicia", esgrimió a LA GACETA el ex fiscal anticorrupción.

Jerez está convencido de que el mecanismo diseñado violenta la independencia judicial, uno de los pilares sobre los que se asienta el principio republicano de la división de los poderes, en la medida en que el informe que elaborará la oficina, pese a no tener carácter vinculante, condicionará el sentido de los pronunciamientos de los jueces, según alertó.

En su proyecto, el legislador se manifestó con contundencia. "Aceptar como necesario el consejo de una oficina que le va a indicar a un juez, antes de que este se pronuncie, las consecuencias del fallo, implica tanto como quitar la venda de la Justicia, para que la balanza se incline a favor del más poderoso. Por cierto, se dejará incólume la espada, que, luego del fallo, caerá con todo su peso sobre el desvalido, con lo que se desnaturalizará la excelsa función de administrar justicia", recalcó.

Jerez no duda que la actuación de la oficina tendrá especial trascendencia en ciertas causas. "Resulta evidente que la Corte quiere prevenir que consecuencias negativas impacten en las arcas provinciales. Pero esto también implica una indebida intromisión en el ámbito legislativo, que es el que recepta, como caja de resonancia, las necesidades de la sociedad y, en particular, las relacionadas con el funcionamiento del Estado", remató el legislador opositor.

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