El protocolo vigente en la provincia es fiel al fallo de marzo del año pasado, en la Corte Suprema de Justicia. Está basado en el artículo 86 del Código Penal, que considera no punible la interrupción de un embarazo tras una violación. Además pauta que la realización del aborto no necesita una autorización judicial ni denuncia policial previa, sólo una declaración jurada.

Herrera Ahuad dijo que la legislación contempla el derecho a la objeción de conciencia de los médicos, “el protocolo no lo establece, pero es una cuestión que resolveremos cuando haya un planteo en ese sentido”, concluyó.