Mientras el gobierno de José Manuel de la Sota continúa reclamando a la Nación que destrabe los trámites administrativos para contar con el financiamiento internacional ya acordado con el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) de Brasil para la construcción de los cinco gasoductos troncales, ayer los legisladores radicales Eduardo Yuni y Rodrigo de Loredo denunciaron que esas obras en realidad no comenzaron por responsabilidad de la Provincia.

Los dirigentes se reunieron ayer con autoridades del Banco de la Nación Argentina en Buenos Aires para conocer “la otra campana”. Luego del encuentro, el presidente de la bancada, Eduardo Yuni, advirtió que “existe una clara responsabilidad de la Provincia en la paralización de la obra de infraestructura Gasoductos Troncales Centro, Sur, Ruta 2, Norte y Este que le permitiría a más de 286.000 cordobeses que habitan en unas 100 localidades el acceso al gas natural”, disparó el dirigente.

Según informaron, desde el 4 de mayo de 2011 el crédito para la concreción de la obra se encontraba operativo y en condiciones de utilizarse de parte de la provincia. El gobierno de Córdoba debía en ese momento aportar el informe técnico de cómo sería el cronograma de vencimientos del pago que la provincia acordara con el BNDES, debido a que el Banco Nación oficiaría de garante.

Yuni y de Loredo explicaron que desde aquella fecha hasta que la provincia concretó este requisito pasaron 18 meses, es decir, recién en el mes de noviembre de 2012 el gobierno de Córdoba envió a la Nación el cronograma de pagos acordado.

Pero remarcaron además que “la tardía presentación del cronograma, además del atraso en la concreción de la obra, involucró importantes cambios en los montos parciales de las cuatro cartas de crédito que componen la estructura de la operación financiera”, denunciaron desde el radicalismo.

Al haber transcurrido un año y medio desde aquella condición operativa del crédito, el Banco de la Nación reclama la presentación de una nueva declaración jurada de los montos correspondientes a los ingresos y deuda de la coparticipación federal que recibe Córdoba. “Esta solicitud no sólo fue realizada por la entidad financiera nacional hace treinta días sino que hoy -por ayer- fue repetida, pero el organismo continúa sin tener, a la fecha, respuesta”, explicaron.

“es necesario concretar este requisito habida cuenta que la garantía otorgada por la provincia para este tipo de operaciones financieras es una cesión de la coparticipación que recibe de la nación, que requiere ser analizada en su solvencia crediticia”, dijeron.

Cambios y dudas

Entre el momento cero del crédito y el reclamo de la Provincia hubo, según la UCR, cambios en el destino del dinero entre los bienes de capital y los servicios previstos. Eso ameritó un nuevo análisis por parte del Banco de la Nación. ¿Por qué esos cambios?

La estructura original del crédito preveía dos cartas que contenían una solicitud de créditos para el pago de bienes por un monto total de 47 millones de dólares; y otra solicitud de crédito por 80 millones de dólares para servicios. En tanto, otras dos cartas de crédito se componían de montos de 70 millones de dólares para bienes y 53 millones de dólares para servicios.

Los cambios operados por la provincia, que conllevan la necesidad de volver a ser autorizados por el Banco Nación, son: las primeras dos cartas contienen ahora una solicitud de créditos por 70 millones de dólares en bienes (en lugar de 47 millones) y 58 millones en servicios (en vez de 80 millones). Las otras dos cartas fueron modificadas para solicitar 96 millones de dólares para bienes (en lugar de 70 millones) y 32 millones de dólares para servicios (en vez de 53 millones).

“Si bien los cambios no modificaron los totales, lo que en principio no debería ser un obstáculo para que el Banco de la Nación preste su nueva conformidad; desconocemos los componentes en los que se desagregan los gastos en bienes y servicios que ameritaron semejantes modificaciones por parte de la Provincia, siendo que las obras ya fueron licitadas y adjudicadas”, remarcaron los legisladores.

“Resulta importante destacar que esta operación crediticia, llevada adelante por el entonces gobernador Juan Schiaretti, fue instrumentada en parte por los mismos ministros de Economía y Obra Pública actuales, de quienes venimos requiriendo su presencia en la Legislatura para echar luz a un tema tan sensible”, agregaron. Por último, con esta información otorgada por la Nación, Yuni y De Loredo también reclamaron que la Provincia explique el destino de los 250 millones de dólares obtenidos en emisión de letras que estaban destinados a los gasoductos.