La falta de una disposición para reglar el comportamiento de los miembros del Poder Ejecutivo que, a la vez, deben hacer campaña, deja a criterio de los funcionarios la última palabra. En el oficialismo parlamentario no hay intenciones de legislar para determinar con claridad si los ministros o secretarios del Gobierno que se postulan deben o no apartarse de sus cargos durante el tiempo que les demande hacer proselitismo. Por lo pronto, frente al vacío normativo, tampoco los involucrados envían señales concretas: ante una consulta de LA GACETA, todos admiten que podrían solicitar una licencia temporal, pero que lo resolverán más adelante.

Incertidumbre

Argumentan que es temprano (faltan 71 días para las elecciones provinciales) y hasta que pueden conciliar los roles, casi homogéneos, de postulantes y funcionarios.

"Respetaré la ley que esté vigente al momento de la elección", manifestó el ministro del Interior, Osvaldo Jaldo, que encabezará la lista oficial de legisladores por la sección Este. No obstante, aseveró que no tendría inconvenientes en dejar su cargo durante algunos días para emprender la campaña.

"Si tengo que tomar, tomaré; y si tengo que estar en el cargo, estaré. Es una decisión de la Legislatura, que tiene que analizar qué es lo conveniente y lo correcto", consignó, en alusión a que la Legislatura debe sancionar una norma que cubra el vacío normativo que dejó el fallo de los camaristas Rodolfo Novillo y Carlos Giovanniello.

Precisamente, la sentencia de los vocales de la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo quedó firme luego de que el Gobierno retiró el recurso de casación que había interpuesto. El fallo declaró nula e inconstitucional la integración -con mayoría del poder político- de la Junta Electoral Provincial (JEP). Pero también fulminó el inciso que establecía la prohibición de exigir a un funcionario tomar licencia en el cargo por el solo hecho de ser candidato.

Criterio común

En ese sentido, el secretario general de la Gobernación, Ramiro González Navarro, fue un poco más concreto que el ministro Jaldo. González Navarro, que lidera la nómina principal para parlamentarios por la capital, adelantó que es probable que requiera apartarse del cargo durante unos días. "No tengo problemas. Pero antes tengo que concluir algunos asuntos de la gestión en la Secretaría. Quizás sea un mes antes de las elecciones (el 28 de julio), pero aún no está definido". Estimó que durante esta semana, en la Casa de Gobierno, los involucrados podrían acordar un criterio a seguir. Pero aclaró que, en caso de pedir licencia, lo haría para "aportar transparencia", al proceso electoral que culminará el domingo 28 de agosto.

El secretario de Prensa y Difusión, Ignacio Golobisky, que pugna por ocupar una banca en el Concejo Deliberante capitalino, aún no resolvió qué hará. Detalló que, por el momento, compatibiliza sin inconvenientes sus tareas en los despachos oficiales con las acciones de la campaña. "Más adelante veré que haré", concluyó el actual edil en uso de licencia (en su lugar asumió Rosa Augier de Rojas).

El antecedente

En 1995, cuando la promulgó el entonces gobernador, Ramón Ortega, comenzó a regir la Ley 6.632. Imponía la obligación de tomar licencia sin goce de sueldo 30 días antes de la votación, y abarcaba a todos los niveles del Estado. Sólo se eximía a los electos por el voto popular: gobernador y vice; legisladores; concejales; intendentes y comisionados rurales.

El litigio

En 2006, los convencionales constituyentes que reformaron la Constitución introdujeron en el artículo 43 la prohibición de exigir que los funcionarios del PE tomen licencia. Luego, el Movimiento Popular Tres Banderas (MP3) cuestionó la conformación de la Junta Electoral Provincial con mayoría política y la prohibición de obligar a un funcionario a tomar licencia previa a los comicios.

El vacío

En marzo, la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo declaró nulos e inconstitucionales esos cambios de la Constitución alperovichista. El Gobierno apeló la sentencia ante la Corte Suprema de Justicia, pero hace 10 días retiró el recurso de casación y aceptó el fallo. No obstante, no tiene previsto legislar sobre las licencias de los funcionarios.