Se remontaba a una compleja investigación que estalló a mediados de octubre de 2012, cuando el fiscal de Distrito 2 Turno 3 de la ciudad de Córdoba, Pedro Caballero, anunció que acababa de desbaratar a una megabanda que estaría ligada a la sustracción y el desguace de rodados.

En total, fueron procesadas 17 personas.

Entre los involucrados, cuatro policías que trabajaban en la división Sustracción de Automotores terminaron detenidos en aquella oportunidad: el comisario Alejandro Molina, el sargento ayudante Alejandro Barsola, el subcomisario Roberto Salvático y el suboficial principal Roberto Nieto.

Se trató de un megaoperativo de 20 allanamientos simultáneos en locales de autopartes (venta de repuestos y chacaritas) y domicilios de bulevar Las Heras, barrio Los Filtros, Villa El Libertador, Don Bosco, Matienzo, Cofico y Estación Flores, de la capital provincial; Cuesta Colorada (La Calera) y Monte Cristo, entre otros.

El caso provocó un sismo interno en Sustracción de Automotores. En horas, fueron trasladados 20 suboficiales y oficiales a otras reparticiones de la Policía, pese a que no habían sido alcanzados por la investigación.

Dos meses después, la Justicia federal avanzó en otra causa, lo que determinó, en buena parte, la suerte del entonces jefe de la fuerza, Sergio Comugnaro, que en un cambio sorpresivo, a fin de aquel año fue pasado a retiro y asumió en su lugar Ramón Frías.

La banda investigada por el fiscal Caballero “levantaba” autos en la Capital provincial y comercializaba autopartes 
en el Gran Córdoba a través 
de un aceitado procedimiento en el cual había una gran es­pecialización y distribución 
de roles, según se publicó en aquella oportunidad.

Había quienes “levantaban” los autos, otros los “legalizaban”, y estaban quienes daban cobertura policial, los que desguazaban y aquellos que comercializaban autopartes.

Hoy, el expediente ya tiene 25 cuerpos (“un volumen tremendo tiene la investigación”, apuntó una de las fuentes) y espera en la Cámara de Acusación, que debe definir diferentes recursos presentados por los defensores.

El paso siguiente es el juicio oral y público.

Pero fue al final de esta primera investigación que apareció un dato más que sugestivo, según confiaron fuentes de la fiscalía de Caballero.

Al analizar las llamadas entrantes y salientes de los dos principales acusados civiles, Aldo Perea y Jorge “Cara de Papa” Fredes, saltó que este último –domiciliado en La Calera, donde tenía una chacarita– había realizado casi 700 llamadas a los números del ahora jefe licenciado de Robos y Hurtos, comisario inspector Gabriel Álvarez.

Una insólita frecuencia en las comunicaciones entre ambos, que incluía el celular y el teléfono fijo del jefe policial.

Al parecer, según las fuentes, el mismo Álvarez fue quien le había habilitado el negocio en La Calera a Fredes, según surge en el libro que tienen que llevar estos locales.

En 2012, Álvarez era el segundo del Departamento Coordinación de Brigadas Civiles, que era liderado por el comisario inspector Daniel Moroldo.

Antes, había sido el jefe de la comisaría de La Calera, momento en que se habrían producido las comunicaciones.

Al poco tiempo, pasó a Robos y Hurtos, división que lideró hasta hace dos semanas, cuando fue pasado a situación pasiva ante los manejos pocos claros al interior de esa división.

Aunque el fiscal Caballero prefirió ser cauto y no adelantar la investigación de manera pública, fuentes con acceso al caso aseguraron que se inició una causa paralela para intentar establecer, ahora, la conexión entre Álvarez y Fredes.

Las casi 700 comunicaciones saltaron con un programa informático especial en el que se ingresa el teléfono de un sospechoso para entrecruzar los números.

Pero, aclaran los informantes, sólo se limita a describir con qué teléfonos hubo llamadas entrantes y salientes. Por ello, no se conoce el tenor de estas comunicaciones.

Chofer

Pese a las sospechas contra él y un grupo de sus subalternos, Álvarez trabajaba con total tranquilidad al frente de Robos y Hurtos hasta el miércoles 10 de este mes, cuando el primer temblor sacudió el primer piso de Jefatura, donde funcionan las oficinas de esta división.

En un allanamiento ordenado por el fiscal federal N° 2, Gustavo Vidal Lascano, fue detenido el cabo Franco Ormeño, chofer de Álvarez, sospechado de haber participado de un “narcosecuestro” en abril último.

El cabo aún continúa preso, acusado del presunto delito de “secuestro extorsivo”, causa que ya tiene a otros dos detenidos civiles.

Cuarenta y ocho horas después, en una decisión a la que se intentó bajar el perfil desde la propia Central de Policía, Álvarez fue pasado a situación pasiva (se le retiene el 70 por ciento del sueldo, no puede trabajar ni llevar arma ni uniforme), pese a que no ha sido imputado por la Justicia.

El jefe de Policía, Julio Suárez, sólo indicó que se buscaba “no interferir” en la investigación federal.

Falsos gendarmes

Por lo bajo, ya trascendía que en Jefatura se aguardaban réplicas de mayor magnitud. Y así fue.

El martes 16, se conoció que el fiscal de Distrito 3 Turno 7 de la ciudad de Córdoba, Raúl Garzón, investigaba a una agente de Robos y Hurtos, Maribel Soria, por una presunta connivencia con delincuentes.

Esta causa, por la que la uniformada aún no fue imputada, se remonta a septiembre de 2014, cuando cayó la llamada “banda de los falsos gendarmes”.

Se trataba de un grupo delictivo, investigado por Garzón, que vestía uniformes verdes similares a los oficiales. Utilizaban armas, insignias y chalecos y ofrecían seguridad privada en empresas. Se cree que cuando dejaban de trabajar en estas firmas, organizaban asaltos como represalia.

Tres hombres y una mujer quedaron detenidos.

En las escuchas telefónicas a estos delincuentes, quedó registrado un diálogo telefónico entre la policía y uno de los sospechosos, según quedó asentado en el expediente judicial.

En la conversación, la uniformada brindaba, al parecer, una serie de datos sensibles a los presuntos ladrones.

Entre otros puntos, le indicaba las patentes de los móviles no identificables (autos de civil) de Robos y Hurtos, además de los lugares en los que se iban a ejecutar algunos allanamientos, barrios en los que vivían familiares de los sospechosos.

Soria también fue enviada a pasiva en los últimos días.

“Es una delgada línea en la cual el personal policial debe manejarse (con los informantes) sin otorgar beneficios con quien aporta datos”, señaló el fiscal Garzón.

En ese sentido, otras fuentes judiciales aseguraron que detrás de grandes golpes delictivos ocurridos en los últimos tiempos en la ciudad de Córdoba contra reconocidas firmas comerciales, también se sigue la pista de la participación de policías de Robos y Hurtos, aunque hasta ahora no hay ningún resultado concreto.

Demasiadas sospechas sobre una división con varios integrantes que parecen que saltaron al otro lado del mostrador.

“Delgada línea”

“Los contactos entre los inves­tigadores y las personas investigadas suelen existir, o con quienes son ­informantes de la Policía; en ese tipo de relaciones hay una delgada línea entre lo que es recibir un aporte o bien adelantar algún tipo de dato de la Policía, de tal manera que ­esto es lo que se trata de aclarar”, señaló el fiscal Raúl Garzón, que investiga a una agente sospechada de pasar datos a delincuentes.

EDICIÓN IMPRESAEl texto original de este artículo fue publicado el 28/06/2015 en nuestra edición impresa. Ingrese a la edición digital para leerlo igual que en el papel.