Los abogados Wendy Adela Kassas ((Vocal de la Cámara Penal Sala IV), Miguel Angel Varela g(Fiscal de Instrucción de la I° Nominación), y Eduardo José Dip Tártalo (Juez de Primera Instancia de la II° Nominación) se encuentran habilitados para incorporarse al Centro Judicial de Concepción, después de que la Legislatura procediera a votar afirmativamente los pliegos de cada uno ellos, en oportunidad de celebrarse la Sesión Especial Ordinaria. Expropiaciones El encuentro legislativo decidido oportunamente por la Comisión de Labor Parlamentaria, incluyó una serie de entrega de terrenos. Entre ellas, las fracciones de inmuebles ubicados en el Parque 9 de Julio, más precisamente en avenida Benjamín Aráoz al 700 y al 800, ocupados en la actualidad por el Centro Universitario Prebisch y la Facultad de Eduación Física, ambos destinados en Propiedad a la Universidad Nacional de Tucumán. Es dable destacar que hubo acuerdo entre los parlamentarios para incorporar en la norma la aclaratoria de que en el citado espacio funcionan las Facultades de Filosofía y Letras, Psicología y Odontología. Igual tratamiento tuvo el predio localizado en avenida Brígido Terán, asignado en este caso al club los Tarcos Rugby Club, a los efectos que sea destinado a campo deportivo y arbolado. La cesión se concretó en calidad de Comodato por un plazo de quince años. Del mismo modo, y para impulsar la regulación nominal de los terrenos que habitan sus actuales ocupantes, los legisladores transformaron en ley el proyecto por el cual se impulsó la expropiación de un inmueble ubicado en la ciudad de San Isidro de Lules. También se autorizó a la municipalidad luleña a convertirse en expropiante de un predio localizado en la intersección de la Ruta Provincial 301 y avenida Roca, de esa ciudad, para que proceda al parcelamiento y posterior transferencia, en venta, a sus actuales ocupantes, en las condiciones y plazos que la Intendencia determine. Finalmente, en el marco de este tipo de iniciativas, fue declarado de utilidad pública y pasible de expropiación, un inmueble ubicado en localidad de El Chañar, el cual será destinado a la construcción de viviendas, regulación, erradicación y consolidación de asentamientos o barrios de emergencias. Más funciones para el Ministerio de Desarrollo Social Con un debate claramente acotado, los parlamentarios ratificaron el Decreto de Necesidad y Urgencia que remitió el Poder Ejecutivo, a los fines de modificar la Ley de Ministerios, específicamente en lo que se refiere al traspaso de la Secretaría de Adicciones, del Ministerio de Salud al de Desarrollo Social. Al exponer los considerandos del proyecto, el Legislador Marcelo Caponio, en calidad de informante de la iniciativa, admitió que era menester agregar a las actualdes competencias y facultades del Ministerio de Desarrollo Social, la prevención de las adicciones y la integración comunitaria del consumidor de sustancias psicoactivas y su familia. El cuerpo, que comenzó a sesionar con cuarenta legisladores, a las 9.25, aprobó una Adenda al Convenio “Programa de Ingreso Social con Trabajo, Línea Programática -Ellas Hacen-”, de modo que se incluya la Línea Programática para la construcción o mejoramiento de “Vivienda Social”, disponiendo para ellos hasta la suma de 120.000 pesos por unidad habitacional. Consumo responsable de sal Previo al tratamiento por módulos de varios tópicos, tuvieron buena acogida parlamentaria y recibieron los votos necesarios para su aprobación, primero, el proyecto de Ley destinado a la utilización responsable de la sal en las comidas, adhiriendo a la provincia a la Ley Nacional que regula el “Consumo de sodio-valores máximos”. Una de las medidas previstas en este caso, es que todos los restaurantes, bares y establecimientos gastronómicos públicos o privados, donde se expendan comidas para ser consumidas en el lugar, deberán incorporar en las cartas de sus menús, la leyenda “El consumo excesivo de sal es perjudicial para la salud”. Contra la Ley de Mosto En segundo lugar, se votó afirmativamente el proyecto de Resolución, mediante el cual se aprobó el Acta suscrita por los Vicegobernadores de las provincias integrantes del Parlamento del NOA, fijando posición con respecto al proyecto que promueve reducir el impuesto interno a las bebidas analcohólicas que utilicen mosto de uva o de manzana, en detrimento del azúcar tucumana.