Luego de la denuncia que presentó, en Fiscalía, la diputada Paola Bazán (FCS), avanzó ahora con un pedido de informes, con el que solicita que se brinde un detalle de todas las contrataciones y compras directas realizadas por la Secretaría de la Vivienda y Desarrollo Urbano entre diciembre de 2011 y junio de 2016.

"Al no contar con información precisa acerca de las contrataciones directas, proveedores beneficiados con ellas y situación impositiva actual respecto a su función de agente de retención, es de suma importancia acceder a información que otorgue la transparencia con el fin de poder efectuar los controles correspondientes", argumentó la diputada en el proyecto.

En ese sentido, se solicita un informe detallado de la cantidad de contrataciones o compras directas que efectuó dicha la Secretaría de la Vivienda entre diciembre de 2011 y junio 2016 y titularidad de los proveedores beneficiados.

Además, pide que se eleve al Poder Legislativo la nómina de personas físicas y jurídicas a las cuales se efectuaron retenciones impositivas correspondientes a IVA, impuesto a las ganancias e ingresos brutos.

Por otra parte, se exige la nómina de beneficiarios de los planes de mejoramiento habitacional, detallando nombre, DNI, dirección del beneficiario, empresa ejecutora, monto ejecutado para la obra, y que se adjunten los respectivos comprobantes de pagos realizados a la Administración General de Rentas y a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), de las retenciones realizadas.

La causa

La iniciativa se presentó en el marco de la denuncia que Bazán, acompañada por otras diputadas del FCS, realizó el pasado 31 de mayo en contra de la ex directora de administración de la Secretaría de la Vivienda, Silvia Quinteros; su secretaria privada, Jacqueline Figueroa, y la titular de la empresa RAF S.R.L, María Cisneros, por el delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, cohecho y enriquecimiento ilícito.

A la investigación que encabeza el fiscal de la Unidad de delitos contra la Administración Pública, Marcelo Sago, la diputada aportó un listado de compras que realizó la Secretaría a la firma RAF, propiedad de Cisneros en sociedad con Figueroa, por $49.700.000 para la adquisición de materiales de construcción en el período en que Quinteros fue funcionaria. En ese listado, se observa que la Secretaría compró, solo durante todo el año pasado, materiales por montos que iban desde los $8.000 hasta los $300.000 pesos a la firma RAF. Compras de montos pequeños bajo la modalidad de compra directa para evadir la obligación de tener que llamar a licitaciones. Según la diputada, "las compras eran prácticamente todos los días, siendo varias en un solo día". Así, explicó que desde la Secretaría de la Vivienda se otorgaban vales de compra para que los beneficiarios se presentaran en el corralón "San Fernando” (propiedad de RAF SRL) para cambiarlos por materiales.

Por último, en la denuncia se puso en evidencia el vínculo que existía entre Quinteros, Figueroa y Cisneros. La ex funcionaria provincial había recibido cheques por $88.000 de parte de Cisneros. A su vez, Cisneros es propietaria de RAF junto a Figueroa, que es su hija y además socia gerente del corralón "San Fernando". Tanto RAF como el corralón eran proveedores de la Secretaría. Y a su vez Quinteros y Figueroa eran socias en la firma "Las Kumpas SRL" que explotaban distintos locales comerciales en la Capital provincial.

En las últimas semanas la Justicia realizó allanamientos tanto en la propia Secretaría, como en los comercios de "Las Kumpas".

Piden estudios en Alumbrera

Mediante nota elevada a la Secretaría de Minería y a la presidencia de la Cámara de Diputados, piden la realización de estudios en el socavón de Bajo la Alumbrera, en el marco del proceso de cierre de mina. El pedido es del diputado Eduardo Pastoriza (Postura Peronista).

El legislador solicitó que se realice un estudio del volumen del socavón resultante de la explotación del mineral, con el detalle de cuál es su superficie expuesta al aire y porcentaje de azufre en las paredes del socavón. Además, pide estudios volumétricos de la pileta de captación de drenaje y del dique de colas, además de una medición del ph (determina los niveles de acidez) de su contenido.

En ese sentido, solicitó la información sobre cuántas muestras de agua se realizaron y cuáles fueron los resultados de sus análisis, y el detalle sobre con que frecuencia se harán en el futuro y hasta cuando.

Por otra parte, pide que se informe cuantas bombas de petrobombeo funcionaron, funcionan y funcionarán en el lugar, y que se determine qué organismo será el responsable del sistema en el futuro.