Aseguran que alcanzaría el 30 por ciento. El dato surge de la evaluación de las denuncias receptadas y las inspecciones hechas en los diferentes sectores del comercio, los servicios y la industria.
Paulo Rodríguez, jefe del Área de Fiscalización, manifestó en diálogo con PUNTAL que “los datos relevados de las denuncias que se presentan en nuestra sede y las inspecciones diarias que se realizan en todos los sectores industriales, comerciales y de servicios indican que existe entre un 30 y un 32 por ciento de empleados en condición informal”.
El INDEC había dado a conocer un índice del 47 por ciento, más de 15 puntos por sobre lo estimado por el área local.
Rodríguez admitió que “resulta dificultoso” medir las condiciones de informalidad en los relevamientos oficiales y recordó que “el Ministerio de Trabajo de la Nación no tiene el poder de policía para ingresar a las empresas locales a verificar la información, como sí lo tiene la Provincia”.
“Nosotros consideramos como fiable la denuncia que efectúa el propio interesado y el resultado promedio que emerge de los operativos impulsados. Los datos de campo nos dan números distintos al INDEC”, subrayó.
Los sectores más afectados son el de empleadas domésticas, la construcción y, en menor medida, algunos sectores industriales.
“La Cámara de la Construcción mostró predisposición a evitar que haya empleo en negro. Las falencias se encuentran, sobre todo, en las pequeñas empresas que, en algunos casos, forman parte de la Cámara. Con el boom de las edificaciones surgieron opciones con poca trayectoria que se formaron para obras puntuales y que no cumplen con toda la legislación”, advirtió.
Para las empleadas domésticas el contexto es aún difícil. Sin gremio que las avale y con la privacidad de la vivienda como lugar de trabajo, la efectividad de sus reclamos surge condicionada. “Los inspectores no pueden ingresar a los hogares pero los vecinos y la gente que reside en el entorno actúan como testigos valiosos en la discusión con el empleador”, indicó.
En relación a la actividad mercantil, el funcionario de Trabajo evaluó que “es muy baja la cantidad de empleados que son encontrados en negro en los comercios porque hay una fuerte presión del gremio y un respaldo de las empresas a evitar que se reproduzcan casos”.
“Las dificultades emergen entre los trabajadores gastronómicos y hoteles por el no pago de una mayor carga horaria o de las horas extras”, añadió.
Rodríguez aclaró que también preocupan los blanqueos parciales que no sólo golpean en el bolsillo del asalariado, sino también en los fondos que se derivan a las mutuales sindicales.
Descentralización
Actualmente, el área cuenta con 5 inspectores para el control de las condiciones laborales y uno destinado a seguridad e higiene.
Antes de la creación del plan de la Provincia en la ciudad, del total de procedimientos un 80 por ciento se realizaba por pedido de los sindicatos. Ahora, se multiplicaron –según indicó Rodríguez– las actuaciones de oficio o por denuncias individuales que impulsa el organismo.
“El año pasado hubo gremios que pidieron hasta 3 inspecciones en un mismo día. Fue el caso de AOITA que necesitaba hacer cumplir el laudo que habían obtenido los choferes de colectivos en la negociación con los empresarios”, indicó.
Rodríguez precisó que actualmente existe un alto nivel de conflicto con el personal de la construcción por los incumplimientos contractuales al convenio colectivo de la UOCRA, que exige el pago de 175 horas por quincena.
“Los obreros trabajan ese tiempo pero le pagan formalmente la mitad. No se trata de personal en negro porque tienen obra social y aportes, aunque en proporciones inferiores a las que deberían recibir. Esto impacta considerablemente en los fondos disponibles por el sindicato para la prestación en salud”, ejemplificó.
La Provincia aplica las sanciones por las irregularidades pero no puede obligar al empleador a blanquear una mayor cantidad de horas. Cuando los casos son observados en los obradores, los inspectores notifican a la UOCRA para que exija el cumplimiento de las normas. La sanción depende del tipo de anomalía y de la cantidad de afectados.
Rodríguez aseguró que el objetivo “no es un golpe económico, sino la rectificación de las conductas”.
“Hay que evitar que la empresa quiebre o ingrese en una debacle económica porque incumplió con la legislación. El mal sería aún mayor”, evaluó.
Más personal
Marcela Santini, subdirectora del Ministerio de Trabajo y responsable de la delegación local, consideró que la descentralización impulsada por el Gobierno provincial “mejoró la tarea del grupo de inspectores y favoreció el contacto con los sindicatos y los trabajadores”. Sin embargo, consideró que es necesario ampliar “en al menos 2” el número de agentes que participan de los operativos.
“Hemos sumado recursos y pudimos ampliar las acciones. Ahora, hay un automóvil que permite agilizar la tarea en la zona y la Provincia nos ha prometido sumar personal para consolidar el desarrollo de una mejor tarea”, puntualizó.
Comentá la nota