“Estamos hartos, estamos cansados, si nos tienen que condenar, que nos condenen. Por eso vinimos a este debate sin pruebas”, protestó ayer el diputado Juan Carlos Scovenna, durante su alegato.

En la Cámara del Crimen Nº2, se realizó el juicio por injurias por la denuncia que presentó hace siete años el ex gobernador Rubén Marín. El abogado querellante, Carlos Iglesias (ex presidente del Superior Tribunal de Justicia durante el marinismo) pidió que se condene a Scovenna a la pena máxima prevista por al artículo 110 del Código Penal, 20 mil pesos de multa.

Durante el debate, Scovenna ratificó sus declaraciones de que Marín realizó “negocios” con el Banco de La Pampa cuando era gobernador y el directorio del BLP aprobó la quita de parte de una deuda pendiente sobre el inmueble que había comprado a través de un testaferro para consturir su casa.

En el juicio, el juez Daniel Ralli volvió a rechazar la incorporación de una serie de pruebas que solicitó el abogado de Scovenna, Germán Enmemark, para demostrar la verdad de la manifestación que ofendió a Marín.

La audiencia duró cuatro horas y entre el público estuvieron allegados al imputado y también dos de los hijos de Marín. Primero se leyó la acusación de la querella. Allí Marín se manifiesta injuriado por los dichos de Scovena, primero durante un programa de televisión, el 19 de agosto de 2003, y tres días después en un reportaje de un diario.

El legislador provincial, en una acalorada polémica con el entonces ministro de Seguridad y Justicia, Juan Carlos Tierno, le aconsejó que en lugar de investigar a los menores en conflicto con la ley debía hacerlo con los mayores, como el ex gobernador Marín (en ese momento era senador) que realizó “negocios” con el Banco de La Pampa durante su gestión.

Esto motivó un cruce de cartas documentos y luego la querella de Marín, que tuvo un largo derrrotero por despachos tribunalicios hasta que ayer finalmente se llegó a juicio.

“Un negocio consigo mismo”

No hubo testigos en el juicio. Solamente la indagatoria de Scovenna. En su declaración, el diputado recordó que Marín, a través del testaferro Mario Germán Ríos, compró el inmueble sobre la ruta 5 a los herederos de la sucesión de Héctor Adolfo Martínez.

Ríos firmó un boleto de compraventa por 170 mil pesos dólares, entregó 70 mil en efectivo y, por el resto, acordaron que se haría cargo de la deuda que esa propiedad tenía con el banco.

En diciembre del ‘96, un informe del BLP precisó que la deuda ascendía a 114.870 pesos. Para ese entonces, la casa que había en el inmueble ya había sido demolida y se comenzó la construcción de la vivienda de Marín.

Los herederos reclamaron por el atraso en el pago de la deuda bancaria. Y Ríos respondió que se encontraba en “tratativas” con el banco. “Ergo, estaba negociando con el Banco de La Pampa”, subrayó Scovenna.

El 4 de abril de 1997 el directorio del banco aceptó una quita de la deuda y finalmente se saldó con 65 mil dólares. “Fue una quita de casi el 40%”, indicó Scovenna.

Luego, la propiedad se escrituró a nombre de Rubén Marín en la escribanía de Martín Wallace, por 128 mil dólares.

Scovenna justificó las “dudas” que le generó la operación y el pedido de investigar. “El gobernador tenía facultad para nombrar y remover a los cuatro directores oficiales del banco del directorio que autorizó la quita. Y el comprador era su comisionista, un testaferro. Quiere decir que Marín celebró un negocio consigo mismo”, dijo ante el tribunal.

“Yo era diputado y tenía conocimiento del negocio de Marín. Era mi obligación moral hacer esos señalamientos”, se defendió. “Para comprar la casa terminó haciendo un negocio consigo mismo. Y en la época que se remataban campos y casas todos los días” , insistió.

“Sigo sosteniendo que hay que investigar. Quédese tranquilo, doctor Marín”, ratificó en un momento de la declaración. “Estamos tranquilos”, musitó, dos metros a su izquierda, el aludido.

“Estas cuestiones son de interés público. A lo mejor actuó de buena fe, hizo lo correcto. Pero, por lo menos, había que investigar. ¿O acaso no hay que investigarlo porque es el doctor Marín? ¿Qué razón extraña le asiste para que no se lo investigue?”, preguntó.

Sin pruebas

Luego de la indagatoria, el juez Rallí incorporó la prueba que analizará antes de dictar sentencia: las cartas documentos entre Marín y Scovenna, la grabación de la declaración y recortes periodísticos y un informe del BLP sobre Marín como cliente (sólo figura un crédito).

El juez rechazó incorporar las copias del expediente de la venta y la escritura del inmueble, como los recortes sobre la conferencia de prensa en la cual el propio Marín confirmó que Ríos actuó como su testaferro para obtener un mejor precio en la operación inmobiliario.

20 mil pesos por el honor

Después de un breve cuarto intermedio, el abogado Iglesias hizo su alegato y pidió que se condene a Scovenna a la pena máxima prevista por el código para el delito de injurias, en el artículo 110: 20 mil pesos de multa.

“Si el interés era que se investigara, tendría que haber hecho una denuncia penal, cosa que nunca hizo”, dijo el querellante.

Planteó que “llegado el caso, el doctor Marín hizo un mal negocio”. “Un año antes el terreno salió a remate en 55 mil dólares y no asistió ningún interesado. Si pagó 128 mil, hizo un mal negocio”, insistió.

Luego Iglesias desarrolló una diletante argumentación para intentar sostener que la compra del inmuebo fue una cuestión “personal” y no de “interés público” y que Scovenna, cuando expresó sus dichos, lo hizo “como un hombre común, muy enojado, ya no era un legislador”.

“Por ser legislador no puede decir cualquier cosa de cualquier persona”, dijo.

“Sus dichos fueron difamantes, descalificantes, afectan la reputación y el honor de Marín. Lo trató directamente de corrupto”, alertó. “La compra de un terreno es un hecho personal más allá de que sea gobernador”, sostuvo.

“No hay una sola prueba. No aclaró cual es el negocio con el banco. Lo que expresó hoy, son dichos que no están avalados por pruebas en el expediente”, señaló.

“Lo de Scovenna no fue una opinión o un juicio de valor. Fue una imputación que debió probar y, en su momento, no lo hizo”, completó.

Nulidad y hartazgo

A su turno, Scovenna compartió el alegato con el defensor Enemark. “Lo que está en juego es la credibilidad de los funcionarios y de la justicia ante el pueblo. Si no presentamos las pruebas fue porque fueron rechadas en decisiones arbitrarias”, advirtió el dipuado ante la antenta mirada del juez.

Por la imposibilidad de agregar pruebas, Scovenna planteó la nulidad del juicio. “Si quieren que lo pruebe, que lo pidan”, desafió a los querellantes, que se negaron durante el proceso judicial a la incorporación de la documentación ofrecida por el acusado. “La prueba de la verdad nos fue obturada por el querellante y el juez (Alberto) Farías (el primer magistrado de la causa)”.

De todos modos, Scovena argumentó que no pueden condenarlo por el delito de injurias, que fue modificado en el Congreso luego de la denuncia original, y no puede aplicarse ahora en caso de manifestaciones sobre cuestiones de “interés público”. “El juez tendría que haber sobreseído de oficio”, opinó.

En ese sentido, recordó que tanto Marín como él eran funcionarios públicos. “El doctor Iglesias por arte de magia me convirtió en un ciudadano común. Esto es un insulto a la inteligencia”, replicó a la querella.

“Estamos hartos, estamos cansados, si nos tienen que condenar, que nos condenen. Por eso vinimos a este debate sin pruebas”, se quéjó en un tramo del alegato.

“Acá también está en juego mi honor, doctor Marín, no solo el suyo. Le solicité como un caballero que me permita presentar las pruebas de la verdad. Pero no quiso”, le recriminó a su acusador..