La compra de una cooperativa ordenada por el gobernador bonaerense Daniel Scioli mediante un “decreto extractado” –el 717/2010- generó preocupación en ámbitos políticos oficiales y de la propia Tesorería de la Provincia, que recibió la orden de hacer frente a un pago que asciende a 101 millones de pesos cuando la valuación fiscal de la misma es de 20 millones de pesos.
La firma en cuestión era un centro de servicios metalúrgicos que proveía chapas, flejes y tubos de acero con una producción promedio de nueve mil toneladas mensuales. Fue fundada en octubre de 1961 en el Partido de Vicente López con una superficie cubierta de 12.800 metros cuadrados sobre un lote de 16.500 metros cuadrados.
“Ignacio Wasserman S.A.” tiene una historia muy parecida a otras que también sufrieron centenares de empresas de la Argentina: caída de la producción por importaciones, recesión, convertibilidad e imposibilidad de saldar sus deudas con proveedores y personal. Conclusión: el Estado bonaerense decidió expropiarla y adjudicarla en propiedad a título oneroso por venta directa a la Cooperativa de Trabajo “Los Constituyentes Limitada”.
En rigor de verdad, “Los Constituyentes Limitada” es una de las tantas denominadas “fábricas recuperadas” por sus obreros que encontraron en ese procedimiento la única vía para seguir trabajando.
La otra historia: ¿La verdadera?
Pero, de acuerdo a la información suministrada a NOVA por funcionarios bonaerenses que se mostraron preocupados por los alcances de la decisión adoptada por el gobierno de Scioli, la “verdadera historia” es la siguiente:
“En 1995, en plena recesión industrial argentina, Wasserman decide firmar un contrato para alquilar la planta temporalmente a los empleados, quienes ya habían conformado la cooperativa en cuestión, para que puedan seguir trabajando por su cuenta y así evitar despidos”.
“La empresa seguía pagando impuestos y deudas… pero para desgracia de Wasserman, la cooperativa se convirtió en un movimiento político con fuerte influencia en la Legislatura bonaerense, que dictó la Ley 12.996 que expropió la fábrica y la entregó a los trabajadores”.
Los dueños insistieron en su momento que los habían echado de su fábrica con la Ley 12.996 en la mano sin haber presentado quiebra. Sin embargo, nunca más pudieron ingresar a la planta.
“Sugerencias” que complican a Scioli
Ya fuera de su empresa, Ignacio Wasserman decide -en el año 2004- iniciar un juicio de expropiación inversa en el juzgado de primera instancia en lo civil y comercial Nº 6 de San Isidro.
Tras largos procedimientos judiciales en los que no faltaron demandas y contrademandas, Wassernan formula una propuesta transaccional ante la Fiscalía de Estado (Expediente 5100-24518/08) por la suma de 130 millones de pesos.
En enero de este año, tras las intervenciones de la Asesoría General de Gobierno, Contaduría General de la Provincia (con la firma de su jefe, Carlos Machiaroli) el ministerio de la Producción a cargo de Martín Ferré y la Secretaría Legal y Técnica se autoriza al Fiscal de Estado, Ricardo Szelagowski; a efectuar el acuerdo transaccional.
Dicho acuerdo consistió en lo siguiente: 101 millones lo aportó la Provincia con bonos de cancelación de deuda, mientras que la Cooperativa “Los Constiuyentes Limitada” se comprometió a abonar 20 millones en cuotas semestrales de 600 mil pesos.
En rigor de verdad, el Estado bonaerense está pagando 101 millones de pesos por una cooperativa en la que trabajan 60 personas y produce no más de cuatro mil toneladas mensuales.
Por ese motivo, las dudas que rondan los pasillos de la Gobernación giran en torno a quién o quiénes fueron los que asesoraron a Scioli para firmar dicho decreto, dado que con esa medida se incursiona en un “sospechoso procedimiento administrativo que muchos consideran el principio de un esquema de corrupción”.
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