Tal como se informó, el Ministerio de Economía elaboró una reforma fiscal que se trasladará, una vez sancionada la norma, al impuesto inmobiliario rural, con incrementos para las partidas de mayor valor. Una ingeniería fiscal que desde Economía se esforzaron por presentar como ‘progresiva’, para que “paguen más, los que más tienen”.

Fuentes del sector agropecuario se mostraron satisfechos por el acuerdo, y resaltaron el compromiso oficial de avanzar en un esquema, “por región” con un piso de 10% de incremento y un techo del 20%, para las zonas más afectadas por las inclemencias climáticas.

Desde el campo, resaltaron los principales puntos del acuerdo que incluye, según la versión del sector, el compromiso por parte del Ejecutivo de resignar parte de lo que originalmente tenía previsto recaudar en concepto de Inmobiliario Rural: la Provincia, fijaría un límite a sus pretensiones en términos de la recaudación por ese concepto, en 120 millones de pesos anuales, contra los 150 que tenía previsto originalmente. Con la excepción del 'sudoeste', la zona más afectadas por las inclemencias climáticas.

Encabezada por el Jefe de Gabinete, Alberto Pérez, la discusión con el sector agropecuario del a que participaron, además, el Ministro del área, Ariel Franetovich; el titular de ARBA, Martín Di Bella y la subsecretaria de Haciendo del Ministerio de Economía, Silvina Batakis, sentó a la mesa a los principales dirigentes del campo: Julio Currás y Guillermo Giannasi, por la Federación Agraria; Daniel Berdini y Daniel Assef, por Coninagro; Alfredo Rodes y Pedro Apaolaza, por Carbap y Marcelo Fielder, por la Sociedad Rural.

Tras la reunión, Pérez resumió el encuentro como “una muy buena reunión de trabajo”, y dijo que la negociación “permitió arribar a un proyecto que llegará a la Legislatura con un muy buen nivel de acuerdo con el sector”.