Fuentes judiciales aseguraron que la única medida procesal dispuesta este martes por el magistrado ha sido prorrogar el secreto de sumario, con lo cual las partes siguen sin tener acceso al expediente. En fuentes cercanas al juzgado de Oyarbide aseguran que se están haciendo algunas medidas de prueba que necesitan que se mantenga en secreto el expediente. Y señalan que la causa tiene más de 50 cuerpos (cada uno de 200 hojas) y una cantidad similar de documentación.

Ayer trascendieron más detalles del pedido que hizo Oyarbide para determinar si hubo giros desde la cuenta de las Madres de Plaza de Mayo en España a dos cuentas en Estados Unidos. Una de las cuentas pertenece a Trade Travel, una cueva financiera en la que la Fundación cambiaba cheques. Desde la cuenta de las Madres en Asturias se giraron 180.000 dólares a la cuenta de Trade Travel en Nueva York. No se conoce aún quién fue el destinatario del giro hecho a una cuenta en Miami.

Entre tanto, Schoklender volvió ayer a los tribunales de Comodoro Py para estrenar su cargo de defensor de si mismo. Fue a averiguar si lo habían aceptado como abogado y le dijeron que no se había resuelto esa situación. Permaneció hasta después del cierre del horario de atención al público y Oyarbide mandó a la policía a pedirle que se retirara.

Por su parte, las fuentes añadieron que el fiscal del caso, Jorge Di Lello, solicitará al juez el análisis de la documentación aportada por Schoklender que respalda la denuncia acerca de que desde la Fundación se aportó dinero a la campaña electoral del kirchnerismo. Di Lello le pedirá a Oyarbide que determine si de esa documentación se desprende la existencia de un delito que deberá ser investigado por la jueza electoral María Servini de Cubría.

Según denunció Schoklender en Tribunales la semana pasada, entre esos documentos hay facturas de pagos realizados por la Fundación de gastos de las campañas del ministro de Economía, Amado Boudou y del subsecretario de Obras Públicas, Abel Fatala. Ambos hicieron campaña para la pre interna del oficialismo en las elecciones porteñas. Schoklender dice tener respaldo para demostrar que cerca de 1.500.000 pesos de gastos de cartelería y consultoría del kirchnerismo fueron aportados por la Fundación. La Justicia tendrá que determinar si hubo delito en el financiamiento de las campañas que se hizo con dinero que provenía del Estado y que tenía el destino de las viviendas.