Primero hubo tibias justificaciones a la medida desde la Policía. Luego, el gobernador ordenó retirar las identificaciones de los ministros, que se habían entregado a los efectivos.
La medida se oficializó al mediodía, a través de un comunicado del Ministerio de Gobierno, por instrucción expresa del gobernador. El parte de prensa señaló, además, que “si un funcionario provincial es sancionado en una ruta, como ya ha ocurrido, deberá pagar la multa como cualquier ciudadano”.
Ayer informamos que, insólitamente, los efectivos de la Caminera estaban obligados a memorizar los rostros de los principales funcionarios provinciales, algo que no ocurre con sus pares de otras dependencia policiales. Desde la fuerza, se indicó que la medida era para que los efectivos “conozcan a los funcionarios, nada más”. Pero la polémica quedó servida, al inferirse prerrogativas de los mencionados funcionarios a la hora de sortear sin problemas controles de la Caminera.
Las primeras reacciones del Gobierno, una vez conocido el tema, enfilaron a justificar –con distintos argumentos– la polémica disposición. El propio ministro de Gobierno, Carlos Caserio, calificó de “razonable” la distribución de las fotografías.
Ayer por la mañana, la Policía reforzó el argumento del ministro político.
El jefe de la fuerza, Alejo Paredes, echó mano a otra justificación, dijo que la medida era “para evitar que los agentes sean engañados por personas que se hagan pasar por autoridades”.
Lo concreto es que las respuestas oficiales quedaron circunscriptas al ámbito de la Policía y –después de las declaraciones de Caserio publicadas ayer– no hubo más referencias desde los estamentos políticos.
Esa tesitura se mantuvo incluso cuando el propio gobernador fue consultado por la prensa sobre el tema y prefirió eludir un pronunciamiento: “No puedo ser el comentarista de la Provincia todos los días”, dijo.
Fuentes de la Casa de las Tejas admitieron que fue mayúsculo el enojo del gobernador cuando se conoció la existencia de los folletos.
Esa molestia se tradujo luego en el retiro de los folletos con las fotografías, lo que supuso una fuerte desautorización de Schiaretti a Caserio y Paredes, responsables de la medida y de la posterior reivindicación pública de la decisión adoptada.


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