Juan Schiaretti advirtió ayer que en la provincia surgió "una moda de hacer denuncias", y culpó a la oposición de crear un "clima de crispación".

El gobernador señaló la lista iniciada con el pedido de inhabilitación contra el fiscal General, Darío Vezzaro, formulado por un abogado que lo había acusado de consumir drogas, y que siguió con la denuncia penal del juecismo contra el Directorio de Epec (Empresa Provincial de Energía de Córdoba).

Lo que Schiaretti llamó "festival de denuncias" continuará esta semana, quizás hoy mismo, con el ingreso en la Legislatura de un pedido de juicio político del Frente Cívico contra el ministro de Salud, Oscar González (ver aparte).

«Fíjense la vejación que es que un abogado se dé el lujo de decir que el fiscal General es drogadicto", remarcó. Y agregó: "Quedó claro que ni por asomo consume droga (pero, el denunciante) ni siquiera tuvo después la honradez de pedirle disculpas".

Respecto a la denuncia del juecismo sobre Epec, derivó la cuestión a los funcionarios aludidos: "Están a disposición el ministro de Obras Públicas (Hugo Testa) y el presidente de la Epec (Daniel Bonetto) para opinar sobre eso".

Malversación

Ayer, el representante del Frente Cívico en el Ersep (Ente Regulador de Servicios Públicos), Juan Pablo Quinteros, denunció penalmente a los directivos de Epec por presunta malversación de fondos por 131 millones de pesos.

Quinteros considera que el presidente de Epec, Daniel Bonetto, y los vocales Miguel Angel Majul y Rodolfo César Banchio habrían cometido el delito de malversación de caudales públicos.

Según el juecista, dispusieron "arbitrariamente" de fondos que estaban destinados en forma exclusiva a la construcción de la Estación Transformadora Arroyo Cabral.

«En diciembre de 2009, se recaudaron 134 millones de pesos, de los cuales sólo se ocupó 31, y no se sabe qué se hizo con lo demás; creo que eso ha ido a paliar el creciente déficit de la Epec", dijo Quinteros.

Esta cuestión salió a la luz por la crisis energética de comienzos de año, por la salida de servicio del transformador de la Estación Malvinas Argentinas.

Puede agregarse al listado de denuncias, la realizada la semana pasada por la legisladora kirchnerista Silvia Rivero (Concertación Plural), quien acusó ante la Fiscalía Anticorrupción que hubo "irregularidades" en la adquisición de elementos para terapia intensiva.