“Hemos avanzado en la recuperación luego de la crisis sistémica que el país sufrió en el 2001. Pero, en gran medida, está limitada recuperación se dio más por un "efecto goteo" del fuerte crecimiento del que disfrutó el país que por una acción estatal coordinada y eficaz. La prueba está en que muchos países de la región, con un crecimiento más modesto que en la Argentina, pudieron sacar de la pobreza y la marginalidad un porcentaje mayor de sus habitantes. La desigualdad corroe la paz interior y el bienestar general; cercena las oportunidades vitales de los de "abajo" a la vez que confiere un sentido de superioridad e impunidad a los de "arriba"; genera intolerancia, prejuicio, desunión, desconfianza social, además de todas las patologías asociadas a la miseria y la exclusión”, agrega.

“Creemos en la combinación inteligente de la igualdad y la libertad. La igual dad no solo provee las oportunidades, sino que protege de la exclusión. La libertad legitima al mérito como determinante del progreso personal y colectivo”, postula.

“De este modo, para la UCR el gasto público debe convertirse en inversión social que genere las condiciones necesarias para que cada uno pueda desempeñarse con autonomía, con libertad, y contribuya a la productividad y al desarrollo. Hay que ayudar a que cada uno pueda renovarse y avanzar, continua y autónomamente”, añade.

“Las políticas de la UCR para una sociedad más igualitaria, más equitativa y más justa apuntan a tres aspectos fundamentales de la igualdad: la igualdad de derechos y responsabilidades, la igualdad de oportunidades y la igualdad en la posesión de un piso de capacidades competitivas”, sentencia.

“La primera de las desigualdades que se debe combatir y desterrar es la extendida impunidad de la que gozan algunos poderosos, que abusan de su posición de privilegio ya sea económica, política o social. Todos debemos ser iguales ante la ley, todos debemos tener los mismos derechos y las mismas obligaciones, en un país con demasiados amigos del poder que saben que incumplir las disposiciones legales no les traerá ninguna consecuencia”, afirma.

“Ser iguales ante la ley significa tener tolerancia cero a la corrupción presente y futura, pero también pasada. No pueden quedar impunes los actos de corrupción de todos estos años. Deben ser investigados y castigados sus responsables. Si no garantizamos esta primera igualdad, la igualdad ante la ley, todas las demás igualdades serán aún más difíciles de lograr”, predica.

“Igualdad ante la ley que significa un proceso constante de revisión de la adecuación de los marcos jurídicos a la evolución social, pero también que quien cometa delitos no disfrute de la impunidad. Frente al flagelo de la inseguridad, queremos ser particularmente claros: vamos a luchar muy fuertemente contra las causas sociales e institucionales que fomentan el delito y el crimen pero también vamos a luchar muy fuertemente contra quienes cometen delitos y crímenes”, sostiene.

“Debemos definir, consolidar y garantizar el orden público de la democracia. Esto implica no solo una inteligente y completa política de seguridad pública, sino también nuevas garantías sobre el funcionamiento y la continuidad de los servicios públicos. La prestación de los servicios públicos en todos los campos no puede ser materia de apropiación para dirimir conflictos económicos, gremiales o políticos. Del mismo modo, el espacio público debe tener garantizada su intangibilidad para que todos podamos vivir en armonía y en el ejercicio de los derechos que garantizan la Constitución y las leyes”, alega.

“Construir una sociedad integrada es volver a ser la tierra de oportunidades que la Argentina alguna vez fue. Necesitamos avanzar hacia la igualdad de oportunidades: que las oportunidades vitales no estén disponibles solo para un pequeño círculo social. La política pública social, educativa, de salud, de vivienda, no debe ser el premio consuelo de los que no pueden pagarse una educación privada, los que no tienen una prepaga, los que no pueden acceder al crédito. Necesitamos una política pública integral e integrada, de mejoramiento de las instituciones públicas, para que dejen de gestar "ghettos" que reproducen la pobreza y la marginación y pasen a ser verdaderas fábricas de integración social y personal”, expresa.

“Hoy estamos en condiciones de desterrar la marginación y la pobreza en la Argentina. Tenemos los recursos económicos para hacerlo, tenemos recursos humanos para hacerlo, pero se necesita una acción pública sistemática e inteligente que despliegue un esfuerzo nacional que debe combinar políticas educativas, sociales, habitacionales, de infraestructura urbana. Hoy podemos construir una sociedad integrada”, menciona.

“Nuestro propósito es pasar de un modelo de intervención estatal que llega tarde, mal y arbitrariamente ante los problemas sociales, cuando estos ya se han dado, por uno de Políticas de Bienestar Positivo, que brinde universalmente capacidades individuales para prevenir los problemas antes de que ocurran, y para que sea la misma persona la que autónomamente pueda construir sus rutas de ascenso y bienestar social”, precisa.

“Las Políticas de Bienestar Positivo están destinadas a revertir décadas de carencias sociales que perpetúan la pobreza y la marginación, pero también tiene como objetivo generar las aptitudes y competencias personales y comunitarias para el desarrollo sustentable general. Prioridad, dentro de estas políticas, es el ampliar, institucionalizar, y perfeccionar la por años demandada Asignación Universal por Hijo; en especial debe mejorarse y ampliarse el sistema de condicionalidades y monitoreo, para que no gocen de tales beneficios quienes no cumplan con los requisitos estipulados: vacunación, controles médicos, asistencia escolar primaria y secundaria. Esto vale especialmente para los casos de los niños más chicos en donde carencias nutricionales, sociales y afectivas tienen un impacto negativo muy importante sobre las capacidades futuras de desempeño”, agrega.