Luis De los Santos continuará declarando hoy ante el juez federal Ricardo Bustos Fierro sobre el escándalo de la financiera Cordubensis SA, por el que hay diez imputados, ningún detenido y más de un centener de denuncias de clientes que reclaman por sus ahorros.

De los Santos, que era el encargado de la sucursal de CBI en el microcentro cordobés en la calle Rivadavia pero tildado como “personal jerárquico”, comenzó declarando el pasado jueves y ya lleva más de 13 horas.

Durante ese período, más de 8 horas el jueves y cinco el pasado viernes, De los Santos ha definido responsabilidades, actividades que hacía y las que no, además de responder un sin número de respuestas no sólo del Juez sino también del fiscal federal Enrique Senestrari y otro funcionario de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).

El doctor José D’Antona, abogado de uno de los diez imputados por los presuntos delitos de “asociación ilícita”, “estafa” e “intermediación financiera ilegal”, indicó a LA MAÑANA que «no es un arrepentido, pero tampoco es dueño ni socio, sólo un encargado de sucursal».

De los Santos estaba a cargo de las oficinas de la calle Rivadavia, en las que se concentraba sólo el 10 por ciento del movimiento financiero de CBI, una “mesa de dinero” que poseía alrededor de 300 clientes y que movilizaba alrededor de 300 millones de pesos. Entre sus clientes aparecen funcionarios provinciales y municipales, poderosos sindicalistas y hombres de renombre en el mundo de los negocios.

D’Antona confirmó que solicitó la custodia personal y domiciliaria de defendido, ya que habría recibido amenazas por parte de los desbordados ahorristas al quedar cómo única cara visible de la financiera tras la desaparición de Eduardo Rodrigo, el titular de CBI que supuestamente se “ocultó” en el exterior por temor, y de Jorge Suau, el malogrado vicepresidente de la firma hallado sin vida dentro de su camioneta en un camino rural próximo a la ciudad de Alta Gracia.

«Se está receptando la testimonial, y al igual que las pruebas documentales y el análisis de las computadoras serán elementos trascendentes para la continuidad de las pesquisas», indicó el fiscal federal Senestrari, que comanda la investigación del caso, que ya derivó en una treintena de allanamientos, además de las sedes de CBI y los domicilios particulares de los socios, en una concesionaria automotriz, una editorial y una empresa de caudales.

Al respecto, se espera que hoy se liberen algunos de los más de 1.300 cajas de seguridad clausuradas hasta identificar los dueños.