El desalojo esta mañana de las 19 familias que todavía usurpan viviendas en Santa Rita II fue dramático y muy tenso. En una de las casas, una mujer intentó resistir el desalojo con un cuchillo de cocina en la mano y sus vecinos amenazaron con incendiar la vivienda de al lado si ingresaba la Policía.

“Yo también mandé a comprar nafta y si me vienen a sacar prendo todo”, advirtió una vecina, que tiene siete hijos y miraba muy angustiada el operativo de desalojo que en algún momento iba a llegar a la vivienda que ocupa. Comenzó cerca de las 9 e incluyó más de 15 móviles policiales, un camión de bomberos y una ambulancia del 107.

Al cierre de esta edición, el gobierno había logrado recuperar cinco viviendas. “Hoy iniciamos el proceso de desalojo compulsivo, de acuerdo al protocolo de la jueza Sandra Valenti, y hubo situaciones tensas, pero también se logró que cuatro familias se sumen al acuerdo voluntario”, destacó Gustavo Leone, secretario de Hábitat y Vivienda, en diálogo con El Litoral. El funcionario confirmó que el operativo continuará en los próximas días.

Esta mañana, la situación más difícil se vivió en esas dos casas del sector noreste del barrio. Según fuentes policiales, la mujer que intentó impedir el ingreso de los efectivos hirió levemente en el brazo a uno de los policías con un cuchillo de cocina. Un rato más tarde, fue retirada del barrio en un patrullero y quedó detenida.

La familia que vive en la casa de al lado fue la que amenazó con prender fuego si ingresaba la Policía, a pesar de que había chicos en el interior de la vivienda.

Mientras el operativo policial se “trababa” en estas dos casas, los abogados del gobierno y la Policía -junto a funcionarios de la Secretaría de Derechos Humanos y la Subsecretaria de Niñez- avanzaban por una de las calles internas del barrio. Los acompañaba una camioneta para fletes en la que se iban cargando los muebles y los bolsos, entre otras pertenencias.

El Litoral presenció el comienzo del desalojo de una familia que aceptó la oferta del gobierno provincial: 12.000 pesos para alquilar una vivienda hasta que puedan resolver su situación habitacional. En cambio, cuando el desalojo es compulsivo y a través de la Policía, la familia es alojada provisoriamente en una pensión y no recibe el subsidio.

Referentes de la Corriente Clasista y Combativa (CCC) aseguraron esta mañana que el operativo no respetaba el fallo de la jueza Valenti, pero Leone aseguró que se sigue al pie de la letra: “Además de la presencia de una ONG de Derechos Humanos y de personal de la Subsecretaría de Niñez, se graba en video el operativo, como lo solicitó la Justicia”.