La norma, que apunta a mejorar el acceso a la justicia, lograr celeridad en las causas y aliviar la sobrecarga del sistema judicial, será promulgada por el gobernador, Hermes Binner, durante un acto anunciado para las 11 en el salón Blanco de la Casa de Gobierno. En la ceremonia estarán los ministros de Justicia y Derechos Humanos, Héctor Superti, y de Gobierno y Reforma del Estado, Antonio Bonfatti, entre otras autoridades de la provincia.

La sanción de esta ley es parte fundamental de la transformación institucional que encaró la provincia , junto a la reforma procesal penal y la mediación obligatoria, que ya fueron implementadas.

La ley de justicia comunitaria para pequeñas causas instituye un procedimiento abreviado basado en los principios de oralidad, simplicidad, celeridad, economía e inmediatez, que permitirán a la población obtener una protección efectiva de sus derechos sustantivos.

El procedimiento judicial estará precedido por una instancia de mediación -en la medida de lo posible- porque tiende a la solución de los conflictos interpersonales de manera no litigiosa.

Además, el contacto directo con el juez permitirá que éste pueda ejercer una labor educativa e informativa en la población, contribuyendo con el tiempo a disminuir la litigiosidad.

La norma, que fue aprobada en marzo pasado, apunta no sólo a mejorar la situación existente, sino fundamentalmente a garantizar a la ciudadanía el derecho al acceso a la justicia, que involucra tanto la posibilidad de litigar como la efectiva y concreta solución a la controversia.

Autoridades del Ministerio de Justicia señalaron que la nueva ley determina que el juez comunitario deberá tener título de abogado o procurador.

El fin que inspira la modificación es que la elección de los candidatos recaiga en personas técnicamente idóneas para ocupar el cargo de juez comunitario, acorde a la demanda de la sociedad actual, lo que se logrará mediante el concurso que la norma dispone.

Esta ley, que transforma la justicia comunal en justicia comunitaria, procura optimizar el funcionamiento de la estructura judicial existente (juzgados comunales) asignándoles una nueva denominación, competencias y un proceso especial, explicaron.