El trabajo del equipo de Antropología Forense se ve afectado por el avance de nuevas usurpaciones de gente que construye en el predio. Desde Derechos Humanos advierten además que detectaron enormes fosas hechas por extracciones de tierra con maquinarias.
También advirtieron que en zonas denominadas “áreas sensibles”, se encontraron con enormes fosas que quedaron tras el movimiento de suelo generado por maquinarias que operan con la extracción de tierra.
Marisa Sanauria, una de las activas integrantes de la comisión, anticipó a El Litoral que elevarán a la Justicia Federal una presentación para ponerlos en conocimiento de esta situación.
“Son cosas que nos tienen más que preocupados porque esos espacios justamente formaban parte de las áreas sensibles que nosotros habíamos trazado al principio de la investigación como posibles escenarios de fosas clandestinas”, explicó.
Luego añadió que “si uno observa el movimiento de suelo se da cuenta de que no son simples carreros. Hablamos de maquinarias más sofisticadas que dejaron enormes fosas que ahora están llenas de agua. Me dijeron que de allí sacaban tosca para tirar en calles o alguna obra pública, pero eso no me consta”, aclaró.
Otro elemento irregular que vienen detectando es la alta presencia de usurpadores. “En estos últimos tiempos creció el número de casas, cada vez son más las personas que deciden instalarse y esto dificulta el trabajo que realizamos”, explicó antes de añadir que “vamos a pedirle al juez que se tomen algunas medidas de seguridad para controlar este tipo de cosas, teniendo en cuenta que está en plena vigencia la medida cautelar” (ver recuadro).
En cuanto al trabajo en sí expresó que “seguimos con la búsqueda de elementos basados en algunos indicios que encontramos. Para esto también vino gente de la organización Memoria Abierta, que se ocupa de la reconstrucción de los centros clandestinos”, relató.
La tarea está centrada en la búsqueda de posibles fosas comunes de personas desaparecidas durante la última dictadura militar, entre los que hay unos 60 correntinos.
“Es que acá operó una brigada del represor Cristino Nicolaides”, destacó Sanauria en otra ocasión.
Desde 2006 rige la prohibición
En 2006, el juez federal, Carlos Soto Dávila, resolvió hacer lugar a una medida de no innovar presentada dos años antes por la comisión de Derechos Humanos para preservar los terrenos del ex Regimiento 9 y Santa Catalina, en el marco de las causas por desapariciones de Cacho Ayala y Rómulo Artieda.
El fallo establece que no se podrá tocar el predio, dejando esas áreas libres para las investigaciones ya que se cree que podrían existir fosas comunes con cuerpos de desaparecidos de la última dictadura militar de 1976.
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