La sesión de la Cámara de Diputados de ayer tuvo varios condimentos, comenzando por el tratamiento sobre tablas de algunos proyectos que, para la oposición, dejaron al descubierto la “discriminación” que sufren las iniciativas que son de su autoría.

Esto ocurrió en torno a una resolución por la cual se pide mejorar el aeropuerto de Puerto Santa Cruz, presentada por el diputado Alejandro Victoria, que dio pie a recordar que una iniciativa similar, pero para el aeródromo de Perito Moreno, había logrado despacho –que tomó estado parlamentario como tal- fue remitida nuevamente a comisiones hace ya varias semanas sin que se le hubiera dado nuevo tratamiento.

El tema generó un ríspido cruce entre las diputadas Nancy Hernández (PJ) y Nadia Ricci, que fue zanjado, como la mayoría de los debates abiertos durante la sesión, con una moción de orden desde la bancada Justicialista, cerrando el debate y pidiendo la votación.

De las dos leyes sancionadas, una tiene que ver con la modificación de la norma de impuestos, tasas y contribuciones, por la cual se reconoce la figura de la Secretaría de Ingresos Públicos, donde Recursos Tributarios es una Subsecretaría, al tiempo que se introducen una serie de modificaciones que tienen que ver con las facultades de esa Secretaría en materia tributaria y de fiscalización.

Mano de obra local

La otra ley es la que se generó a partir del proyecto 175/10 (Dip. Contreras), cuyo despacho fue modificado, vía artículo 64, a partir de una presentación del diputado Daniel Pandolfi, en la que se introducía el requisito de que los trabajadores inscriptos en el registro debían contar con al menos dos años de residencia en la provincia.

En el proyecto del diputado Contreras se establece la creación del registro, como así también el de las Pymes locales, a partir del cual se plantea que las empresas mineras, hidrocarburíferas y pesqueras deberán dar preferencia a los trabajadores inscriptos en ese registro en un porcentaje no menor al 70% de su dotación.

También se establece que, en el caso de falta de mano de obra local calificada para las tareas a realizar, se permitirá a las empresas contratar personal de otras regiones.

Plantea en uno de sus artículos la imposición de una suerte de multa por incumplimiento que deberá ingresar a la provincia por cada empleado contratado que esté fuera del registro, por encima del 30 por ciento permitido.

El dinero que se recaude por ese concepto será destinado al Fondo de Intransferibilidad de la Caja de Previsión Social de Santa Cruz, creado por la ley 2.401 y que hoy está integrado con el 20% de los montos que los municipios perciben por coparticipación.

En este punto, la diputada Nadia Ricci solicitó que se cree un fondo de desempleo, pero no fue considerado viable por la bancada Justicialista.

Residencia vs. Constitución

El debate más largo se dio con el artículo tercero de la ley, que expresa que las empresas deberán dar preferencia, al contratar su personal, a la mano de obra local.

La diputada Gabriela Mestelán invocó la inconstitucionalidad del artículo y planteó la situación de discriminación e “injusticia” que conlleva ese requisito de dos años, porque, dijo “Santa Cruz construyó su identidad a partir de los que estaban, los que vinieron, los que llegan y los que están. Hacer diferencias porque si llegó hoy o hace dos años atrás es ir en contra de nuestra propia idiosincrasia”, indicó la legisladora.

Por su parte, la diputada Nadia Ricci recordó que día tras día llega gente a localidades como la de ella, (Perito Moreno), “¿qué hacemos con ellos?”, preguntó “porque llegan buscando trabajo y hoy se canalizaban a través de las empresas, pero ahora esto no podrá ser, entonces ¿qué respuesta les damos?, ¿que los contenga el Estado?” continuó.

Pero tanto la diputada Ana María Urricelqui como el diputado Daniel Pandolfi y el diputado Eugenio Quiroga recordaron que Santa Cruz es dueña del recurso y que “el techo no alcanza para cobijarlos a todos” como se quisiera, dijo Urricelqui. “Hay un recurso y a la hora de distribuirlo hay que tener una preferencia”, planteó por su parte Francisco Anglesio.

El diputado Daniel Pandolfi recordó que se consultó a varios abogados por la cuestión constitucional, sosteniendo Eugenio Quiroga que “somos los dueños del recurso y si bien hay un tercero que los explota, como provincia podemos poner las condiciones” tal como se hizo con el marco regulatorio.

Más sectores

Finalizada la sesión ordinaria de la Legislatura, el autor de la iniciativa, diputado Rubén Contreras, dijo: “Santa Cruz tiene una particularidad en Zona Norte y es que estamos muy cerca del límite con la provincia de Chubut, entonces la mayoría de las empresas mineras, pesqueras y petroleras tienen sus oficinas administrativas en esa provincia”, por lo tanto: “cuando hay que tomar personal se toma de la provincia limítrofe”, remarcó.

Contreras aseguró que con la sanción de la nueva Ley se logra que “se cree un registro único de trabajadores y de pequeñas y medianas empresas, cooperativas de trabajo o servicios”, con lo cual podrán “acceder tranquilamente a un trabajo en los yacimientos, es por eso que apuntamos a ese 70%, para que tengan prioridad los santacruceños y el 30% (por ciento) pueden ser de otras provincias”.

Con respecto a si la ley sólo se aplica a los sectores antes mencionados, el diputado Justicialista dijo que ”la idea era sólo para estas áreas, pero me llegaron notas del Sindicato de la Carne de Río Gallegos, por diferentes frigoríficos, donde mucha gente que es extranjera viene para la zafra”, debido a esta situación, afirmó, “la gente no es tomada y realmente están preparados para este trabajo, lo que pasa es que es mano de obra barata la que viene y por eso no se toma la mano de obra local”.

“A lo que apuntamos es que, si el trabajo está en Santa Cruz, que sea trabajo para los santacruceños”, afirmó Contreras y en ese orden advirtió: “con esto no estamos discriminando, sino que en este momento están siendo discriminados muchos jóvenes santacruceños, ya que no se los toma cuando el trabajo está en la provincia”.

Más adelante, Contreras señaló que “a la Ley le agregamos otros sectores porque creo que es importante que lo hagamos, esto en virtud a las reuniones que tuvimos con la gente de la construcción en Caleta Olivia, del sindicato de la UOCRA, que necesitan ser incluidos en la ley”.

“Hay mucha gente extranjera de diferentes nacionalidades, y muchas veces indocumentados que son contratados y pagados en negro por las empresas; es por eso que necesitamos un fuerte control para que se pueda llevar a cabo esta norma legal”, concluyó.