En una reunión de carácter secreto, ya que solo se permitió la presencia de diputados, la Comisión de Asuntos Institucionales trató ayer el pedido de sanción planteado por el presidente del bloque Justicialista, Héctor Tentor, contra su ex compañero de bloque, Miguel Morales, por las expresiones de éste último en la sesión del 17 de abril.

El caso enfrentó de un lado la postura del oficialismo que pide la cabeza de Morales, esgrimiendo el artículo 226 del Reglamento Interno que prevé “correcciones” a los diputados mediante llamamiento al orden, multas o suspensión en el cargo “teniendo en cuenta la gravedad de las faltas o hechos en cuestión”.

Del otro lado, los diputados de la oposición sostuvieron que la sanción es improcedente ya que el artículo 108 de la Constitución provincial sobre inmunidades establece que los miembros de la Cámara “son inviolables por razón de las opiniones vertidas y votos emitidos en el desempeño de su cargo y ninguna autoridad podrá interrogarlos, reconvenirlos o encausarlos por tales motivos, aún después de fenecido su mandato”. Durante la discusión, se planteó que las inmunidades no son privilegios para la persona de los legisladores sino garantías para proteger la función parlamentaria, que tienen profunda raigambre en el constitucionalismo argentino.

La otra cuestión que generó urticarias fue la acusación en sí contra Morales, ya que de la versión taquigráfica de la sesión del 17 de abril no surge que el diputado haya tenido expresiones que puedan considerarse una “falta”. “No nos quedó claro cuál es la conducta que se debe sancionar”, explicó a El Libertario uno de los diputados que estuvo en la reunión.

Tras la larga discusión, diputados de la oposición se retiraron de la reunión anticipando que presentarán un despacho en minoría denegando la sanción contra Morales.

Por su parte, el legislador compareció ante la comisión y solicitó en forma reiterada se le informaran cuáles son las faltas que dieron lugar a la acusación. Además reveló que el juzgado donde se radicaron denuncias de ex empleadas que lo acusan de retenerles parte del sueldo, lo citó el mismo día y a la misma hora que lo hizo el Tribunal de Disciplina del Partido Justicialista, que estudia un pedido de expulsión en su contra por los dichos a Jenefes.

Para aprobar la medida disciplinaria, el bloque Justicialista necesitará los dos tercios de votos de los presentes, mayoría agravada que por el momento no tendría asegurada. La Comisión de Labor Parlamentaria, que debería reunirse hoy, definiría la fecha de la sesión en que los despachos bajarán al recinto para su tratamiento por el pleno.