No se salvaron ni las regalías petroleras

No se salvaron ni las regalías petroleras

Los funcionarios y empleados judiciales que le hicieron juicio al Estado por un aumento salarial que no se les concedió durante el gobierno anterior, llevan sacados 75 millones de pesos de las cuentas bancarias oficiales para cobrarse las acreencias salariales.

Así lo explicó el fiscal de estado, Miguel Angel Montoya, en diálogo con radio Chubut.

Encima, y como los diputados aprobaron una ley por la cual los embargos no pueden superar el millón de pesos, los hombres de derecho atacaron las cuentas donde las operadoras depositan las regalías petroleras.

De esta manera traban embargos contra los fondos que deposita YPF, PAE y Tecpetrol, asegurándose así la percepción del jugoso aumento que, según los casos, van entre 160.000 y 200.000 pesos, además de lo que ya perciben regularmente que, como es sabido, no es poco.

A esto se suma que se aumentó la cantidad de personas que cobran el amparo, que en principio era para los jueces, fiscales y defensores oficiales comprendidos en la categoría de “funcionarios”, siempre y cuando tengan acuerdo legislativo tal como lo marca la constitución.

Sin embargo una interpretación a la que Montoya califica como “caprichosa” y que impuso el ex defensor general, Hugo Barone, el aumento también comprendió al resto de los profesionales, es decir que médicos, arquitectos, psicólogos y especialistas en otras disciplinas, que no firman sentencias, también lo perciben.

Como si fuera poco, a esto se le agregaron los empleados del poder judicial, que blandiendo la llamada “ley de enganche” presentaron un amparo logrando un aumento del 24 por ciento tras recordar que sus sueldos están atado a la de los jueces.

Y como si esto fuera poco, el conjuez Héctor Eduardo Freile sigue habilitando embargos para quienes ya cobraron ese 24 por ciento que según el fiscal de estado Miguel Angel Montoya debería dar por saldada la deuda, aunque la cobran también por la vía del embargo, es decir dos veces.

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