Sí en salud, pero rechazo en la Justicia

Sí en salud, pero rechazo en la Justicia
Un poco más del 70% de los no profesionales aceptó ayer un aumento que rondaría del bolsillo los $ 410. Judiciales en pie de guerra.
El Gobierno empezó a cerrar los frentes de tormenta en torno al tema salarial y ayer se sacó un peso de encima. Los trabajadores no profesionales de la Salud nucleados en ATE resolvieron aceptar la última propuesta salarial.

Un poco más del 70 % de los afiliados a la entidad, se volcaron por el "sí" en el plebiscito que ayer realizó la entidad y de esta manera aceptaron el ofrecimiento que entre otros puntos implica una mejora de $ 410 de bolsillo.

Para Raquel Blas, secretaria general de ATE, lo que inclinó la balanza en favor de la oferta oficial fue la "cláusula gatillo que se incorporó al acuerdo que habilita a reabrir la discusión durante el transcurso de este año si se presenta "una escalada inflacionaria".

Consideró positivo el pago del incremento al personal con un cargo de planta y un contrato. "Si tiene dos trabajos es obvio que debe cobrar por los dos", dijo Blas.

Desactivado el conflicto con ATE, la otra gran meta es la respuesta que emane desde el sector profesional de la Salud que está representado en Ampros. En este sentido, Isabel Del Pópolo, titular de la Ampros, aseguró que recién en horas de la tarde empezarán a tener una aproximación de lo que pretenden los profesionales.

"Aín estamos recibiendo las respuestas que remiten los delegados en los diferentes hospitales de la provincia", comentó.

Como era previsible, en Administración Central y organismos descentralizados se rechazó de plano el último ofrecimiento del Gobierno. Por eso ayer los trabajadores realizaron distintas asambleas y paralizaron por dos horas la atención al público. Hoy al medio día reanudarán la discusión paritaria.

Lejos de acordar

Durante un nuevo día de paro de los empleados judiciales, el gremio y el Gobierno se juntaron en la mesa paritaria para discutir el nuevo ofrecimiento del Ejecutivo.

Al mismo tiempo que 3.000 trabajadores cumplieron con otro día de reclamos y cese de actividades, alrededor de 980 funcionarios (secretarios y prosecretarios) abandonaron las medidas de fuerza. Esta actitud generó varias sospechas de arreglos "por fuera" del ámbito paritario y se acuso por lo bajo al Gobierno de "intentar dividir a los trabajadores" por medio de mecanismos "desleales".

Ante la suspicacia lanzada desde el sindicato, Leandro Giacomelli, subsecretario de Relaciones Institucionales dijo a Los Andes que "la oferta es una sola y para todos".

Por su parte Mario Granados, subsecretario de Hacienda advirtió: "No hay más, ésta es la última oferta que hace el Gobierno".

Ante esta revelación, Carlos Ordóñez, titular de la Asociación de Funcionarios y Empleados Judiciales, respondió: "Consideramos que es insuficiente pero igualmente lo vamos a pasar para que lo vean los empleados y decidan".

El gobernador Celso Jaque también se metió en la disputa y cargó la responsabilidad a la Corte aunque después aclaró que "vamos a acompañar" el proceso para que tenga una resolución en el corto plazo.

"La política salarial es de quien designa a sus empleados y el Poder Judicial es un poder independiente con presupuesto independiente que nosotros vamos a acompañar para que no tenga problemas pero abogamos a que con responsabilidad pronto se pueda resolver este problema", completó Jaque.

La propuesta consiste en otorgar un incremento remunerativo pero no bonificable de hasta $ 230 al básico para la clase más alta, con lo cual decrece en forma proporcional según el escalafón.

Un aumento en el adicional a quienes cumplen tareas en relación a la aplicación del nuevo Código Procesal Penal que va del 33% al 40%, en función de las horas trabajadas. Por último se planteó la eliminación del código ex 74, hoy 1994, que consiste en $ 75 que hoy no son remunerativos ni bonificables.

"Con los demás gremios están arreglando bien (en relación a Salud) y a nosotros nos están matando con estas ofertas" se lamentó Ordóñez, para quien "los $ 230 son sólo para la clase máxima".

El gremio se comprometió a deliberar con rapidez y presentar la respuesta esta tarde. En caso de pronunciarse por la negativa, los empleados decidirán en la asamblea el futuro del plan de lucha.

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