En la provincia de Buenos Aires el problema habitacional continúa siendo una de las máximas preocupaciones a resolver por los intendentes. Lissalde explico que para De Narvaez es un tema que se estudia permanentemente, en diferentes reuniones y congresos abarcando la política pública, la especialidad de Lissalde es el acceso a la tierra, la posibilidad de regularizar los dominios de aquellos que no puedan regularizar la situación legal de su vivienda única.

Quien vive de un salario es imposible acceder a un terreno a una vivienda

Detrás del conflicto político aparece una deuda social e institucional: el déficit de acceso a la vivienda, la crisis social y habitacional del país, y el poco apego a la Ley que subsiste en el país.

Los números son contundentes. En Argentina se necesitan más de 600 mil viviendas para dar alojamiento adecuado a otras tantas familias. Además, deberían mejorarse unas 1,7 millones de unidades, y conectarse a servicios de agua, gas y cloacas a no menos de 2,8 millones. Hay medio millón de hogares que ocupan viviendas que son chicas para sus necesidades. Sumemos 1,3 millones de hogares que tienen una tenencia irregular de la vivienda, generando inseguridad jurídica a dichas familias.

La provincia de Buenos Aires no puede mirar para otro lado: hay un déficit del orden de 80 mil viviendas en estado irrecuperable, de unas 700 mil unidades que requieren de algún tipo de mejora, y de 1,5 millones de viviendas que necesitan conexiones a redes de agua, cloacas y gas.

Es urgente hablar de propuestas para que este déficit se vaya cerrando. Nuestras propuestas giran en torno de varios ejes: construcción privada con financiamiento estatal, subsidiando la tasa de interés para acercar la cuota a todas las familias. Un sistema en el que la familia elije la vivienda de las propuestas ofrecidas, según su preferencia de precio, ubicación y proyecto. El Estado compra cuando se termina el barrio, paga la unidad al precio acordado, transfiere la propiedad a la familia y cobra la cuota de amortización pactada.

En Salto hace mas de 5, 6 años que no se hace una vivienda, en las ciudades vecinas la Nación y La provincia construyeron algún barrio Salto parece que no existe, esta olvidado, así lo manifestaron, los concejales del CAS y los asistentes a la Charla debate, todos preocupados por la situación, en los barrios las familias comparten los terrenos, se construyen piecitas con baño, una prefabricada, y se viven en pequeños “conventillos” modernos. Pero falta la casa propia el lugar de la familia.

Hay que dar apoyo estatal a la familia: alargando plazos, pagando la diferencia de tasas entre la de mercado y la que pueda pagar la familia y el estado recupera el aporte al final con una segunda hipoteca. Se requieren incentivos a la inversión en viviendas y desarrollo urbano, y avanzar en el uso de tierras fiscales y en consolidación urbana, a través de desgravaciones impositivas, créditos de la banca pública para la construcción de infraestructura y equipamientos urbanos y de vivienda de interés social. Se tienen que extender las redes de infraestructura básica (agua, cloacas y gas) así como pavimentación de accesos y conexión vial segura.