SALTA.- Los concejales del Partido Obrero (PO) Gabriela Cerrano, senadora electa, y Gustavo Borelli, reelecto, denunciaron que justicialistas y opositores tratan de impedir que su partido ocupe la presidencia del Concejo Deliberante de la capital salteña. El PO fue la fuerza política más votada en las pasadas elecciones legislativas.

Además, cuestionaron que el intendente Miguel Isa vaya a hacer aprobar el presupuesto municipal 2014 antes de la asunción de los nuevos ediles a principios de diciembre, aprovechando que actualmente tiene una mayoría de 11 oficialistas sobre 10 opositores.

Concluido el escrutinio definitivo, se confirmó que de los 21 ediles, nueve serán del PO, seis del partido Justicialista, dos del partido de la Victoria -que integra la coalición gobernante-, dos del Frente Salteño -que lidera el senador nacional Juan Carlos Romero- y dos de Salta somos Todos -que preside el diputado nacional Alfredo Olmedo-.

Cerrano y Borelli afirmaron que la votación masiva a favor del Partido Obrero demostró "un enorme apoyo popular a una agenda concreta de reivindicaciones muy rezagadas", y el "retroceso del gobierno provincial pero también de opositores como Romero, Olmedo, [el diputado nacional Bernardo] Biella, los radicales y el FAP. Los esfuerzos de todo este arco por colocar una oposición patronal y quitarle protagonismo al PO fracasaron".

Sin embargo, son ahora "esos partidos desacreditados los que quieren birlar la voluntad popular en el Concejo: a pesar de que la presidencia tradicionalmente fue para la primera minoría, pretenden colocar a un concejal del PJ en el cargo, o incluso hasta uno de Romero, para que oficie de punto medio".

Los concejales del PO reclamaron la presidencia por el "mandato popular", ya que desde el año 91 no había "un partido que obtuviera una ventaja tan amplia", y porque " es una herramienta para empezar a marcar una nueva agenda que tome los problemas populares centrales, como la vivienda, el agua, la obra pública, el transporte, el vaciamiento de las dependencias municipales, la confiscación impositiva y en multas".

A su vez, aseguraron que plantearán "una modificación de raíz del régimen político municipal que termine con toda forma de privilegios de los funcionarios y consagre los derechos de los vecinos, llama la atención de todo el pueblo sobre estas maniobras para burlar la voluntad de cambio que expresó el pueblo".

"En los próximos días, los concejales electos estaremos en asambleas barriales para recoger los reclamos prioritarios, denunciar estas maniobras y promover una fuerte organización vecinal que respalde el cambio que estamos impulsando", concluyeron..