Referentes de ASOCIANA, GREENPEACE, FUNDAPAZ, QULLAMARKA, TAKUAPÚ, TEPEYAC, la Escuela de Antropología y la Maestría en Derechos Humanos de la Universidad de Salta, iniciarán la junta de firmas a fin de  obtener el apoyo de los salteños con la firma de mayores de 16 años, para solicitar la derogación de los decretos 2211/10 y 3136/11, que permiten al Ejecutivo Provincial modificar zonas que no se podían desmontar según el ordenamiento territorial, para luego desmontarlas, lo cual se entiende, va en contra no solo de la Ley Provincial que ya definió las zonas a proteger, sino también contra la Ley Nacional de Bosques nativos. Las recategorizaciones se hacen a pedido de quien solicita el cambio (titular registral), y muchas veces sin la consulta total a las comunidades que pueden ser afectadas por el desmonte, muchas de ellas indígenas que poco o nada se benefician con el presunto "desarrollo" que se indica desde el sector productivo. De hecho, los "acuerdos" firmados se realizan en muchas ocasiones en un contexto de total desigualdad.

Los compromisos de otorgamiento de tierras quedan en extensiones menores a las que (en caso de los criollos), se ocuparon por años. No son seguros. Se siguen impulsando los contratos de pastaje para que el titular de tierras (que las compra pero no las trabaja), tenga prueba de esa propiedad. Y en casos que lidera la resistencia de los criollos, los casos llegan a la Justicia donde la excepción suele ser la sentencia a favor de los criollos. 

La situación de las comunidades indígenas es un poco peor: las audiencias públicas de desmonte no se comunican a tiempo. No hay en la mayoría traductores para que entiendan de qué se trata. La convocatoria es en jurisdicciones ajenas a las tierras y lejanas a las comunidades. Las notificaciones no llegan a menos que alguien les avise. Los expedientes son inaccesibles y se necesita de un técnico para entender. Los compromisos de las empresas son para quitar el monte a cambio que los indígenas tengan la madera. La Justicia dilata las decisiones en los reclamos de las comunidades. El relevamiento territorial no llega a esos lugares y por lo tanto, la provincia no reconoce el reclamo por territorio no formalizado. al El cóctel termina en una combinación peligrosa en la cual las comunidades comienzan a tomar acciones directas, incluso "poniendo el cuerpo", como indicaban ayer en la conferencia, al referir a uno de los tantos conflictos del norte provincial.

Comunidades pararon topadoras en la zona de Gral. Ballivián

Miembros de comunidades originarias decidieron comenzar a bloquear el paso de dos topadoras que se aprestan a desmontar en una zona que se recategorizó de amarillo y rojo al verde, para autorizar la "habilitación de tierras", es decir, el desmonte. 

El cacique de la comunidad El Chaguaral, cercana a General Ballivián (departamento San Martín), Hugo Díaz, indicó que la empresa de Alejandro Braun Peña es la que envió las máquinas que los originarios decidieron detener. 

"Las máquinas quedaron afuera (de la finca)”, dijo Díaz quien indicó que ayer los topadoristas comprometieron el retiro de las máquinas. No obstante quedaron dos personas de “guardia”, para evitar el paso, a fin de avisar en caso de que el compromiso se incumpla. En ese caso, “vamos con las comunidades de nuevo hasta ahi...a enfrentarnos con la empresa”. Las comunidades afectadas además de Chaguaral, son Cuchuy, San José y Corralito.

Como sucede en otros proyectos de desmonte, el 'trueque' ofrecido a las comunidades fue que se queden con la madera que quede del desmonte para que se permita la deforestación. 

Díaz reconoció que ellos habían accedido a esa posibilidad. Pero luego "ellos no cumplieron con su compromiso y nosotros tampoco vamos a cumplir". A ello agregó que desde la comunidad, se decidió que sea cual fuere la condición, "no vamos a permitir el desmonte. Es el único monte que queda". Y es que la zona de Ballivián, por dar alguna definición metafórica, es un "océano de soja".