La Cámara en lo Criminal Nº 1 de la ciudad de Santa Rosa tiene en su poder, para debatir de manera oral y pública, distintos casos registrados e investigados judicialmente en esta ciudad, entre ellos una “salidera” que en septiembre de 2009 se registró en las puertas de una financiera del medio y a través de la cual dos vecinas sufrieron la sustracción de una importante suma de dinero, estimada en 350.000 pesos.
El caso fue investigado por autoridades del entonces Juzgado Penal Nº 5 de esta ciudad, que procesaron a cuatro personas por distintos delitos de “Robo simple y Amenazas coactivas calificadas por el anonimato”.
Respecto a la segunda imputación cabe indicar que tiene que ver con amenazas telefónicas que denunció una joven abogada del medio -de apellido Tellería- que encontró en la vía pública elementos vinculados al ilícito, supuestamente arrojados por los asaltantes. La profesional del derecho dijo recibir “llamados amenazantes” para que también devolviera el dinero.
En tanto, durante la investigación penal se imputó contra dos jóvenes identificados como Samuel Orellano y Facundo Lara la presunta autoría material del robo; mientras que por otro lado fueron ubicados como “partícipes necesarios” una empleada de la financiera, Andrea Iglesias, y su novio, Didier Larrouserie.
El 23 de marzo 2010 el Juzgado Penal Nº 5 culminó la investigación y elevó el expediente a la entonces Cámara del Crimen, con vistas al desarrollo de un debate oral y público.
Lo cierto es que en el mes de mayo un pedido de “probation” en beneficio de la imputada Andrea Iglesias frenó tal actividad y generó la intervención de los camaristas Florentino Rubio, Alfredo Alonso y Fabricio Losi quienes resolvieron por unanimidad -a fines de dicho mes- rechazar la solicitud de la suspensión del juicio a prueba.
El planteo de “probation” contó entonces con el consentimiento del fiscal Carlos Salinas, aunque éste calificó como irrisoria la cifra de dinero -10 pesos por única vez- ofrecida por la imputada para resarcir a las víctimas, que se opusieron al beneficio.
Tras la negativa de los camaristas piquenses, el abogado Gustavo Marrero -defensor de Iglesias- recurrió al Tribunal de Impugnación Penal de la provincia, buscando dar vuelta la decisión.
Pero el TIP resolvió meses después de la misma manera que Rubio, Alonso y Losi, y entonces la defensa de Iglesias fue “en casación” ante el Superior Tribunal de Justicia, donde también se le dijo no a la suspensión de proceso a prueba.
Según confiaron ayer fuentes consultadas por LA REFORMA la última novedad del particular caso se dio a comienzos de diciembre de 2011 cuando se elevó nuevamente el caso para ser debatido ante la Cámara en lo Criminal Nº 1 de la capital pampeana, que entiende en los hechos denominados “residuales”, a raíz de la implementación de un nuevo Código Procesal Penal en la provincia, a comienzos de dicho período.
Finalmente, cabe recordar que en diciembre de 2009 no quedaron detenidos por el robo de los 350.000 pesos, cuando Orellano recuperó su libertad, gracias a una respuesta favorable del TIP a un planeo del abogado defensor Norberto Paesani. Los otros detenidos fueron liberados anteriormente.
En la investigación penal se estableció el cruzamiento de “llamadas telefónicas” entre algunos de los sospechosos, supuestamente con el fin de cometer el golpe que afectó a Argelich y Granda.
Fuentes vinculadas al hecho, con las que ayer dialogó este medio gráfico, indicaron que “sería importante” que el sonado caso de la salidera se debata finalmente en los próximos meses en Santa Rosa, para cerrar una profunda investigación desarrollada en el plano local que despertó el interés de la prensa y la comunidad.
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