El transporte público de pasajeros es una herramienta fundamental para la calidad de vida de los sectores medios y bajos de la población, y las condiciones de su prestación influyen en la posibilidad de ejercer derechos esenciales en la Ciudad. A partir de un análisis integrador de las distintas políticas y programas impulsados por el gobierno PRO durante el 2010, un informe del Centro de Estudios Perspectiva Sur concluye en que la prolongación de situaciones violatorias de derechos, reflejadas en la brecha social existente en la jurisdicción más prospera del país, reside en una gestión poco clara y errática.

Si se pone el eje en las políticas de transporte, el documento da cuenta de que el pasado año el Gobierno porteño lanzó el programa “Movilidad Sustentable”, el cual buscaba promover la movilidad saludable, priorizar el transporte público y garantizar la seguridad vial pero que, sin embargo, las inversiones no son suficientes: los subtes que utilizan más de 1.5 millones de personas por día no alcanzan la ampliación necesaria.

“Luego de dos años de excusarse en la falta de crédito internacional para el cumplimento de la promesa de campaña de construir diez kilómetros de subte por año, en el 2010 se logró la colocación de los bonos Tango, destinados a extender la red. Pero esta negociación fue denunciada por presuntas irregularidades y, aun si las inversiones en este sector parecían ser una de las prioridades de la gestión, este dinero fue resignado para otro tipo de obras”, indica el informe que, además, abarcó otros aspectos críticos como la vivienda social.

Así, el gobierno porteño en 2010 sólo inauguró una estación de subte, Corrientes de la línea H, la tercera en los tres años de gestión.

“La Ciudad cuenta con competencias para mejorar también la distribución de los circuitos de colectivos y fomentar el desarrollo de líneas locales que puedan resolver problemas de conectividad de algunos sectores que hoy están invisibilizados. En este caso la falta de diagnósticos integrales sobre la accesibilidad al transporte de los sectores vulnerables, en un contexto de falta de urbanización de los barrios más precarios, que permitiría abrir circuitos de transito, demuestra que el enfoque de las políticas entiende de manera limitada la capacidad de intervención del estado y no logra articular las necesidades”.

Otro ejemplo de una política mal articulada sería el caso de la construcción del BRT (en inglés Bus Rapid Transit) y lanzado en Buenos Aires como “Metrobus”, el cual fue anunciado a fines de 2008 y recién comenzó a construirse en octubre de 2010. Se espera que el Metrobus recorra los 12 kilómetros de la avenida Juan B. Justo entre Pacífico y Liniers en menos de media hora.

Por último, de acuerdo al informe realizado por el grupo interdisciplinario en diciembre de 2010 se lanzó la primera prueba piloto del servicio de alquiler de bicicletas en la zona norte de la Ciudad: 100 bicicletas que podrán ser alquiladas gratuitamente por aquellos que acrediten domicilio en la Capital. “Nuevamente, la decisión de priorizar la zona norte de la Ciudad refleja una falta de compromiso, por parte del gobierno porteño, a mejorar el acceso de los sectores vulnerables a las redes de transporte público, en particular, ante la falta de subtes en numerosos puntos del sur de la Ciudad, los habitantes del sur podrían beneficiarse con una política de alquiler de bicicletas a precios accesibles y competitivos con los medios de transporte que utilizan regularmente”.