Por medio de una nota, la jueza de Faltas de Barranqueras, Sandra Saidman, salió a responderle al ministro de Gobierno, Marcos Verbeek, en medio del contrapunto entre ambos, suscitado a raíz de la denuncia penal por amenazas hecha por la magistrada en contra del funcionario, quien cuestionó duramente el fallo de Saidman por el cual declaró la nulidad de 17 detenciones concretadas por la Policía, en un procedimiento hecho en julio de 2012, en una canchita de fútbol de la ciudad portuaria.

La jueza, quien hasta este momento había guardado silencio respecto de la denuncia penal contra Verbeek, manifestó que “ante las manifestaciones públicas del ministro”, es su deber, “a efectos de no confundir a la ciudadanía, hacer saber que en el procedimiento policial del día 12/7/2012, en la cancha de fútbol del Barrio La Lomita de la ciudad de Barranqueras, y que diera lugar a la causa en la cual se dictó la sentencia que declaró la nulidad `por arbitrariedad´ de las detenciones allí llevadas a cabo, los ciudadanos involucrados (17) eran todos mayores de edad”, y agregó que “el único menor detenido fue puesto a disposición del Juzgado del Menor en turno”.

“El juzgado a mi cargo no posee competencia para el juzgamiento de las presuntas infracciones contravencionales en las que se hallen involucrados menores de edad”, aclaró Saidman.

Por otra parte, la magistrada hizo saber que en virtud del art. 154 del Código de Faltas, remitió copia de la sentencia al Órgano de Control Institucional (O.C.I.) “a efectos de la sustanciación de actuaciones administrativas a los policías involucrados, si así se estimara pertinente”, y aclaró que “ello, atento a que la Dirección de Control Policial creada por la Ley de Seguridad Pública (6.976) no ha sido puesta en funcionamiento aún”.

“Nunca se emplazó o intimó al Ministerio de Gobierno a tal efecto”, subrayó la jueza.

Asimismo, Saidman señaló: “El ministro también aludió al secuestro de armas (`ganzúas, próximos a cometer un hecho ilícito´). Debo aclarar que en dicho procedimiento lo único que se secuestró fueron tres motovehículos, y que dichos bienes, previa acreditación de su propiedad, fueron entregados por pertenecer a algunas de las personas detenidas”.

“Por último, tampoco soy competente para entender en el juzgamiento de personas a las cuales se las detiene con estupefacientes (en este caso, marihuana). En este contexto, quiero señalar que mientras el autor del informe policial que sustentó las 17 detenciones escribió que la sustancia fue encontrada en el `piso de la cancha´; otro policía citado por el Tribunal manifestó que requisó a las personas y que a una de ellas le encontró la marihuana, pero que no podía identificar a quien”, reflejó la magistrada, y apuntó: “Me limité a señalar que esa contradicción, por parte de un funcionario público, revestía gravedad”.

Por otro lado, la jueza remarcó que “efectuar el control de legalidad de las detenciones de ciudadanos por presuntas infracciones al Código de Faltas en la jurisdicción de Barranqueras constituye un deber insoslayable del cargo” que ocupa.

“Y por último, si cualquier ciudadano o funcionario considerara que he incurrido en una causal de juicio político, debe promoverlo sin más”, finalizó.