Recordamos que, al menos hasta que este medio realizó la denuncia, alrededor de cuarenta empleados de la Asesoría se encontraban desbancarizados, por lo que no percibían sus haberes mediante depósito bancario sino en sobre cerrado. La plata física de los sueldos, que rondarían entre los 20 mil y los 45 mil pesos, se entregaba en la mismísima dependencia, ubicada en 9 entre 56 y 57, el cuarto día hábil de cada mes, a través de camiones de caudales. Así pudo constatarlo REALPOLITIK a las 9.45 de la mañana del 5 de mayo.

Violando toda reglamentación de las cuentas sueldo, una vez que el dinero ingresaba a las oficinas (el monto total ascendería a 1.650.000 de pesos), comenzaba el armado de sobres en el mismísimo despacho de Ferrari. Pero buena parte de los sueldos serían recortados a la mitad, mientras que en otros casos se trataría directamente de prestanombres. El mecanismo permitiría al gobierno de María Eugenia Vidal hacerse de una caja de un millón de pesos cash en tan solo un solo día.

LAS REPERCUSIONES

A raíz de esta denuncia, la primera de las medidas implementadas dentro de la Asesoría tuvo que ver con la bancarización masiva de empleados. Aunque suene burdo, la iniciativa comenzó el mismo día en que este medio difundió la noticia bajo el título: “La ruta del dinero V: Quién es el funcionario que, con camiones de caudales, recauda para Vidal”.

Luego, según trascendió de fuentes cercanas a Ferrari, otra novedosa idea surgida del seno mismo de la Asesoría habría sido la de buscar un fiscal que tome la causa para anticiparse a cualquier otra maniobra que dificulte su posterior control.

LOS ORÍGENES DEL MODUS OPERANDI

Según normativas del Banco Central, el estado tiene tres meses para bancarizar a los empleados. Esta maniobra habría marcado el inicio de este polémico modus operandi. Posteriormente, con el paso del tiempo, se planteó otro inteligente manejo: el proceso de bancarización a cargo de la entidad bancaria puede demorar hasta dos meses y, para alargar estos tiempos, se exigía un constante cambio de sucursal en una rueda de trámites sin fin, para que la titularidad de la Asesoría pudiera controlar el pago de sueldos en efectivo.

Luego de un tiempo, cuando esto se hizo notorio e insostenible, se habría acudido a una solución más política, acordando la entrega del dinero directamente con autoridades de Banco Provincia.

LA PREGUNTA QUE COMPROMETE A VIDAL

Cuando Vidal desembarcó al frente de la Gobernación, su principal idea fue la de cubrir cargos políticos, en caso de ser necesario, jubilando empleados. Dentro de la Asesoría, esto se habría dado en una docena de casos. En tanto, también por iniciativa de la gobernadora, una treintena de cargos habrían sido ampliados. Esto indignó sobremanera a los empleados de planta, que veían cómo se nombraba personal que no estaba capacitado en áreas clave. Los casos más resonantes fueron un profesor de educación física como director de Biblioteca y un odontólogo como director General de Administración; obviamente, todos con sueldos de entre 55 a 60 mil pesos.

El interrogante fue por qué la gobernadora optó por no remover a Gustavo Ferrari, otrora funcionario da Daniel Scioli, como asesor General de Gobierno. Y una de las posibles respuestas es más que comprometedora: este le habría prometido colaborar mensualmente con una cifra millonaria a cambio del status quo.

LOS ORGANISMOS DE CONTRALOR, OTRA VEZ EN LA MIRA

Este medio viene sosteniendo una posición profundamente crítica en torno a la integración y desempeño de los organismos de contralor, que desde hace muchos años se encuentran, en su inmensa mayoría, en manos de dirigentes de la Unión Cívica Radical, otrora opositores y hoy oficialistas como aliados del Pro dentro de la alianza Cambiemos.

Este manejo irregular denunciado por REALPOLITIK dentro de la Asesoría General de Gobierno debe haber contado no solo con la anuencia del presidente del Banco Provincia, Juan Curutchet, sino también con quienes se encuentran a cargo de controlar las cuentas de la gestión bonaerense.

Los organismos de control, establecidos por los artículos 155 a 156 del capítulo VI de la constitución de la provincia, son: Tesorería General, que actualmente está a cargo de Horacio Stavale, hijo del histórico radical Juan Carlos; Contaduría General, conducida por Carlos Alberto Machiaroilli; Fiscalía de Estado, referenciada en Hernán Rodolfo Gómez; y Tribunal de Cuentas, dirigido porEduardo B. Grimberg.