En 1996 el entonces presidente Boris Yeltsin había declarado una moratoria sobre todas las ejecuciones y tres años después la Corte Constitucional ratificó su decisión hasta que todos los distritos de Rusia impusieran el sistema de jurados populares, una obligación establecida en acuerdos firmados con la Unión Europa. El plazo era el 1º de enero próximo y una vez vencido quedaba nuevamente a juicio de los jueces imponer o no la pena capital. Ayer la Corte Constitucional se adelantó y entregó un dictamen. Ahora la última palabra la tiene el Parlamento.

Según el fallo del máximo tribunal, la pena de muerte viola los acuerdos internacionales de derechos humanos a los que suscribió en los últimos años el Kremlin. Tras adherir al Consejo de Europa, el Estado ruso firmó el Protocolo 6 de la Convención Europea de Derechos Humanos sobre la abolición de la pena capital, pero el documento nunca fue ratificado por el Parlamento.

El fallo de la Corte Constitucional instó a los legisladores a terminar de abolir de forma definitiva la pena de muerte, pero en el Legislativo la mayoría no quiere levantar el guante. Según las últimas encuestas, más del 60 por ciento de los rusos apoyan la pena capital para los condenados por asesinato y violación de menores. La última persona ejecutada en Rusia fue en 1996. Andrei Chikatilo había sido condenado por la muerte de 52 mujeres y niños.

Al concluir la audiencia de este jueves, el representante del presidente ruso, Dimitri Medvedev, ante la Corte Constitucional, Mijail Krutov, dio a entender que el poder central era partidario de abolir la pena de muerte. "El presidente tomó todas las medidas necesarias, pero no puede forzar a la Duma", dijo Krutov. De todas manera, el funcionario del Ejecutivo adelantó que no apurarán la decisión del Legislativo. "La sociedad aún precisa tiempo para aceptar la necesidad de abolir la pena de muerte", destacó.

El oficialismo de Medvedev y su mentor y primer ministro, Vladimir Putin, tiene mayoría en el Congreso, pero teme entrar en un nuevo enfrentamiento con la Unión Europea. Rusia y el Principado de Mónaco son los únicos miembros del Consejo de Europa donde la pena de muerte aún no fue abolida.