Al ser consultado por esta iniciativa, Rozas explicó que «es una ley inconstitucional, irrazonable y peligrosa para la democracia y el estado de derecho. La conocida como Ley Antiterrorista fue presentada por el kirchnerismo en 2011 como un mecanismo que permitiera reforzar la capacidad estatal de reprimir pretendidos actos de terrorismo, sin embargo muchos juristas y académicos del derecho han señalado de manera unánime que los términos utilizados en la normativa presentan graves dificultades en su conceptualización dejando a criterio judicial la interpretación de posibles «finalidades terroristas» violando el principio constitucional de tipicidad penal taxativa de los delitos que exige que las descripciones de las conductas prohibidas sean lo más precisas posibles, «de modo de achicar el margen de arbitrariedad en la aplicación de la ley penal que esta norma las eleva al doble», fundamentó su posición.

AMENAZA

Para el radical «la arbitrariedad de esta ley imprime un concepto abierto, amplio e impreciso que podría llegar a validar cualquier atropello estatal a casi cualquier conducta personal, incluso condiciona peligrosamente toda protesta social».

«Se convierte -acotó- en una amenaza para cualquiera de nosotros porque agravaría el peligro de persecución penal para las personas que luchan por la reivindicación de sus derechos y generaría las condiciones para una mayor criminalización de la protesta social a través de la ampliación de las figuras penales, el aumento de las penas y el estigma social de los luchadores populares, por su eventual asociación simbólica al terrorismo».

VERDADERA INTENCIÓN

Para Rozas su oposición a la Ley Antiterrorista se debe a que el gobierno nacional «ya ha dado muestras de cuál fue su verdadera intención al sancionarla al aplicarla para inculpar a Juan Pablo Suárez, un periodista de Santiago del Estero que, cumpliendo con su deber de informar, puso sobre relieve desmanejos de la gestión de esa provincia».

«Con este episodio -siguió el senador- se está calificando de terrorista el simple ejercicio del periodismo independiente, y lo volvió a hacer hace apenas unos días cuando la Presidenta anunció que aplicaría esa ley para sancionar a una imprenta que cerró sus puertas declarando quiebra y dejando 400 trabajadores en la calle, cuestión exclusiva del ámbito judicial»

INSEGURIDAD

Finalmente, Rozas consideró que «en vez de amenazar», el Gobierno «debería crear mejores condiciones».

«Lamentablemente Argentina dejó de ser un país seguro para las inversiones, por eso las empresas y comercios están cerrando, se van o reducen su personal, no porque sean terroristas, sino porque las condiciones de la economía actual los obligan a tomar esa decisión», espetó.

En esa línea Rozas asevera que «el error del gobierno nacional es que en vez de amenazar y sancionar debería intentar crear las condiciones para que las empresas locales y las que llegaron al país puedan seguir produciendo y siendo fuente de trabajo formal no sólo es un error político la aplicación de esta ley, sino que es una clara manifestación de que la voluntad del Gobierno no es precisamente sanear la economía».