Más de 500 vecinos que viven en San Luis firmaron un petitorio rechazando la modificación del uso del suelo con el fin de permitir la instalación de empresas de mediano y bajo impacto ambiental en un área de 40 hectáreas (en manos de privados), ubicadas sobre la ruta. Y esa fue la carta de presentación más importante que llevaron a la reunión de ayer donde unas 100 personas interpelaron a la secretaria de Planeamiento Urbano, Fany Velarde, y al jefe de Gabinete, Roque Mascarello, por la decisión de permitir la radicación de empresas en una zona agroindustrial, donde las únicas compañías permitidas son las que sirven de soporte a la actividad agropecuaria. Los funcionarios municipales que participaron del encuentro que se realizó en San Luis intentaron justificar la aplicación de la medida que rige desde el viernes pasado por orden de la Secretaría de Industria de la Provincia, y argumentaron la necesidad de que se instalen empresas de apoyo logístico y de servicios aeroportuarios, entre otros, en la zona.

Pero no lograron convencer a los vecinos, quienes consideran que ello generará un impacto ambiental negativo y que en unos años terminaría siendo un polo industrial. “Nadie nos consultó nada. La ordenanza comenzó a regir de un día para otro como si no existiéramos”, explicó una vecina que participó de la reunión. Lo cierto es que para que se habiliten esas hectáreas hubo que modificar el Código de Planeamiento Urbano, y se lo hizo a través de una ordenanza ad referéndum (N§ 14.516), es decir en carácter de urgente y por pedido del Gobierno provincial. Teresa, vecina que participó de la reunión, aclaró que “es una batalla que vamos a ganar. No queremos empresas que modifiquen la calidad de vida acá. Todos estamos en contra”. El encuentro suscitó discusiones acaloradas que provocaron el enojo de varios presentes, incluido el del jefe de Gabinete. Unidos los vecinos se armaron de argumentos y cuestionaron cada punto del proyecto.

Uno de ellos fue Dante Apaza, quien realizó planteos que dificultaron las respuestas de los funcionarios. Sostuvo que no es justificable la modificación del uso del suelo en esas parcelas basada en la necesidad de instalar empresas que presten servicios logísticos y aeroportuarios dado que tales movimientos son escasos en Salta. “Lo más importante es que si bien hay una norma, lo que le falta a esa medida es el apoyo social. Eso no lo tiene, y es clave”. Por su parte, la secretaria de Planeamiento Urbano reconoció a los vecinos que se trata de una “decisión política que bajó desde la Provincia y hemos realizado los estudios correspondientes con profesionales del Consejo Municipal de Desarrollo Urbano y Ambiental que nos garantizaron que no habrá consecuencias negativas”.

Ediles prometen derogar la norma

Los vecinos tienen esperanzas de que el miércoles 24 los concejales deroguen la iniciativa. Ya hay dos proyectos con tal fin, y los concejales que estuvieron ayer presentes afirmaron que es posible que alcancen la mayoría. Uno de esos proyectos está encabezado por Aroldo Tonini y Socorro Villamayor, y otro por Zulma Pedraza. En la reunión que se realizó ayer Tonini consideró que los “argumentos de los funcionarios municipales no fueron suficientes. Los vecinos no quieren que nadie les modifique su calidad de vida”. Estuvieron, además, Socorro Villamayor, Zulma Pedraza, Raúl Medina y los ediles del PO Gabriela Cerrano y Arturo Borelli.