La medida se reduce a un recurso de reposición y hasta una apelación y nulidad en subsidio, a través del cual Romero pide literalmente que no se investigue la ruta del dinero en el negociado de la compra y venta de las 90 hectáreas de La Ciénaga.

Sucede que a pedido de la fiscalía, a cargo del fiscal Rodrigo González Miralpeix, el juez que tiene a cargo la causa, Pablo Arancibia, dio curso a un pedido de informes al Banco Macro para que comunique el trámite bancario de los cheques emitidos para el pago las tierras de La Ciénaga.

El pedido incluye todos los datos vinculados con el cobro de los cheques, en especial las personas que cobraron el documento, siendo esta medida considerada necesaria y normal en las investigaciones abiertas por fraude.

Al enterarse de que el magistrado había dado curso a la medida probatoria, Romero dio instrucciones para trabar ese pedido de informes, con lo cual su defensor interpuso un recurso para impedir que esa información llegue a manos de la Justicia.

En su planteo, Guillén alegó que el pedido de informe bancario no corresponde debido a que el trámite de la causa estaba suspendido debido a un pedido suyo para extraer fotocopias.

Asimismo, cuestionó al juez Arancibia, al sostener que el magistrado había decidido darle curso al pedido de la fiscalía en un lapso de cinco días, tiempo que Guillén consideró insuficiente para poder tomar una determinación al respecto.

En su planteo para impedir que esta información llegue a manos del juez, el defensor de Romero adujo que la medida probatoria es de carácter irreproducible, por lo que el derecho de defensa de su cliente se vería afectado.

Por último, Guillén anticipó otro pedido de apelación en caso de que su recurso sea rechazado, y si con ello fuera poco adelantó también un pedido de nulidad del informe bancario, para que la información contenida no sea agregada al expediente.