Una situación así nunca fue imaginada por el romerismo y, obviamente, mucho menos por los familiares y operadores más íntimos de Romero, quienes esperan que el electorado le otorgue al ex gobernador un salvavidas que impida, entre otras cosas, su enjuiciamiento por los delitos de fraude y negociaciones incompatibles.

Desde que abandonó el poder en el año 2007, después de tres períodos de gobernación, Romero no pudo evitar las denuncias y acusaciones por  hechos de corrupción ocurridos durante sus doce años de gobierno.

Producto de ello, Romero arrastra hoy un total de nueve causas penales por delitos que van desde fraude a la administración pública, incumplimiento de deberes de funcionarios público, peculado, negociaciones incompatibles, uso de información reservada, hasta asociación ilícita.

Los delitos que se le imputan a Romero suman penas que superan los 50 años de cárcel, mientras que los perjuicios económicos por los hechos de corrupción cometidos durante su gobierno, ascienden a cifras millonarias.

Según las causas penales abiertas, a través de distintas maniobras fraudulentas, como el pago de sobreprecios, apropiamiento de tierras del estado y el otorgamiento de beneficios económicos a través de sociedades “pantallas”, Romero, su hijo Juan Esteban, su hermano Marcelo Romero, otros familiares, ex funcionarios y hasta su abogado personal, Alberto Raymundo Sosa, se enriquecieron a costa del dinero de los salteños.

En la última causa penal abierta en su contra, Romero debe responder por el delito de enriquecimiento ilícito, sin embargo y desde que la investigación penal fue abierta, el ex gobernador no se presentó a prestar declaración indagatoria.

En esta causa, la fiscalía de Delitos Económicos Complejos acusó a Romero por la adquisición de dos aeronaves, valuadas entre 3 y 15 millones de dólares, la construcción de su lujosa mansión en Castellanos, tasada en 50 millones de pesos, como así también la compra de otros bienes, como tierras y hoteles en Cafayate, fortuna que, según la investigación penal, Romero logró gracias al erario estatal.

Desde el 4 de diciembre del año pasado hasta marzo de este año, Romero desobedeció tres citaciones a indagatoria realizadas por dicha fiscalía, razón por la cual, la misma solicitó el desafuero del ex gobernador de su cargo como senador nacional a fin de poder detenerlo y conducirlo a indagatoria.

Pendiente de resolución

El pedido de desafuero realizado por la fiscal penal, Mónica Poma, fue girado al juzgado de garantías 4, a cargo del juez, Diego Rodríguez Pipino, quien todavía no le dio curso, aunque no se descarta que ello suceda la próxima semana.

En contrapartida, Romero ordenó al abogado, Oscar Pedro Guillén, la confección de un descargo a fin de convencer al juez Rodríguez Pipino de aceptarlo legalmente y frenar así el pedido de desafuero, sin embargo, al presentar dicho escrito, el ex gobernador no pudo justificar el incremento de su fortuna, entre los años que gobernó, de 1995 a 2007.

Para apuntalar la maniobra, Romero intentó, a través de su diario, instalar la versión de que se presentó a la justicia y justificó sus bienes, pero la movida no tuvo resultado, pues el descargo no fue aceptado por el juez Rodríguez Pipino.

De formalizar el pedido de desafuero, Romero quedará a expensa de la Cámara de Senadores de la Nación, órgano en que por estas horas, la situación procesal de sus integrantes es muy sensible a partir del procesamiento del vicepresidente, Amado Boudou.