La empresa no tiene experiencia en el negocio azucarero pero sí aceitadas relaciones con el Kirchnerismo y en la provincia construye obras de gran envergadura. A falta de pavimento, buena es el azúcar y el alcohol. Los trabajadores tiraron cohetes.
La decisión fue recibida con júbilo por empleados del antiguo ingenio, que salieron ayer a festejar la medida con una movilización por las calles de La Esperanza y de San Pedro.
Las condiciones del arrendamiento no se han dado a conocer hasta el momento, aunque trascendió que es por un año con la posibilidad de ampliarse a un año más.
El gremio que nuclea a los empleados del centro agroindustrial había hecho público que la propuesta de Roggio era la más conveniente. "Mañana comenzamos a trabajar y pasado mañana se firmarán los papeles con la empresa", expresó el secretario general Santiago Bonilla, quién además confió que "estamos contentos porque es una resolución favorable a los trabajadores".
En su portal web, Roggio se presenta como una empresa de construcción, transporte, ingeniería ambiental servicios sanitarios, entretenimiento y turismo, concesiones viales, desarrollos inmobiliarios y tecnología.
Se define como un grupo de empresas que ha desarrollado "una amplia experiencia y una sólida trayectoria en el sector de la infraestructura y los servicios" y se destaca que ha extendido su accionar a Uruguay, Paraguay, Brasil, Chile, Bolivia, Perú, México, Ecuador, Colombia, Venezuela y Estados Unidos.
La sede central de Roggio está en la capital de Córdoba
En Jujuy, la compañía ha ejecutado las obras de mayor envergadura que se realizaron durante la era fellenerista: la pavimentación del Paso de Jama y la avenida de circunvalación (acceso sur), que ya se inauguró en dos oportunidades pero no se termina. Además, en el sector del transporte, participa en la sociedad operativa de emergencia que tiene a su cargo el gerenciamiento de la línea ferroviaria Belgrano Cargas.
El avenimiento implica un acuerdo con todos los acreedores, que cobrarán la deuda en forma individual y luego se dispondría la conclusión de la quiebra. El otro camino, que la jueza Lakatos intentó en el año 2008, hubiera sido vender el ingenio para saldar las deudas con los acreedores y ponerlo en manos de nuevos dueños.
Más del 50 por ciento de las acreencias de La Esperanza pertenecen al Estado provincial.
Según observadores, la importancia estratégica del ingenio tiene dos aspectos: por un lado como productor de biocombustibles en base a caña de azúcar y por el otro, como extraordinario negocio inmobiliario en las 70 mil hectáreas que pertenecen al patriomonio de la fallida.
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