Aumento de salarios, efectivización de contratados, 82 por ciento móvil para quienes están en condiciones de jubilarse y participación en el manejo de la obra social son algunos de los reclamos de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación (UEJN).

Rogelio Videla, secretario general en la zona Cuyo de los judiciales nacionales indica que “en las próximas paritarias que serán entre fines de febrero y principios de marzo, tenemos previsto solicitar un aumento de entre el 25 y 30 por ciento”.

“Si bien este es un reclamo para los trabajadores judiciales comunes y corrientes”, advierte Videla, “no se nos escapa que este reajuste salarial también incluiría a magistrados y funcionarios, donde las diferencias con respecto a los empleados son siderales”.

“Estamos hablando de que un empleado de maestranza está en los $3.500 de bolsillo, mientras que un juez de la Corte Suprema está entre los 25 y 30.000 pesos. La diferencia llega a ser de uno a diez”. Para el sindicalista, “esto hace que, dentro de lo que es el presupuesto correspondiente al Poder Judicial, la masa salarial tenga un enorme peso”.

“Debido a que los salarios se encuentran enganchados”, indica el gremialista, “desde el primer ministro de la Corte hasta el último de los empleados de maestranza, cuando aumenta el salario de unos aumenta el de los otros en igual proporción. No hay modo de subir sueldos en determinadas escalas y no en las otras. Así sucede con todo el personal que se encuentra bajo el paraguas de la Justicia. No se puede hacer diferencias”.

De todos modos, los judiciales aseguran que “somos concientes que debemos solicitar un aumento salarial acorde con la realidad que se vive. No por el hecho de pedir por pedir, sino debido a que el poder adquisitivo del salario se ha ido deteriorando. pero tampoco queremos una escalada de precios conjuntamente con una escalada salarial. Aunque lamentablemente una cosa parece ir de la mano de la otra a veces”.

“Nuestro propósito es que el empleado judicial pueda conservar y aumentar el poder adquisitivo de su salario, aunque sea mínimamente”.

Si bien son capaces de reconocer que “en nuestro sector, el Poder Judicial de la Nación, tenemos muy buenos sueldos. No lo vamos a negar. Pero son acordes a las responsabilidades que traen las tareas que realizamos”.

Otro de los reclamos de los judiciales “es el 82 por ciento móvil para los empleados judiciales que pueden jubilarse. Debido a la enorme diferencia entre el sueldo de un trabajador activo y uno pasivo, muchos que están en condiciones de retirarse no lo hacen. Hoy, por ejemplo, en la Cámara Electoral de Mendoza tenemos trabajando un compañero de 85 años. Ademas del problema de que los compañeros tengan que seguir trabajando a pesar de su avanzada edad, esta la cuestión de que el resto se estanca en su categoría porque no quedan libres los cargos de mayor antigüedad.”.

También preocupa en el gremio “la efectivización de los empleados que están bajo contrato. En los últimos años hemos logrado que un gran porcentaje de compañeros que estaban contratados sean efectivizados. El problema para lograr una efectivización total es el requisito de que sólo los que tengan más de cinco años de antiguedad como contratados pueden pasar a ser efectivos. En San Juan, por caso, de 120 empleados, hay unos 20 contratados. El porcentaje es más o menos similar en todo el país”.

Finalmente, Videla indicó que otro gran problema que afrontan en el gremio es lograr una participación en el control de la Obra Social, ya que “desde el golpe militar de 1976 quedó bajo el manejo de la Corte. Hoy, lo que queremos es tener una participación efectiva”.