Finalmente, casi obligado por  la obviedad de las circunstancias, el juez federal Ricardo Bustos Fierro resolvió citar a Eduardo Rodrigo a comparecer antes del viernes, si no se lo considerará prófugo de la Justicia y se ordenaría su captura.

Cabe recordar, que el presidente de la financiera Cordubensis SA se encontraría fuera del país, pero según su abogado dispuesto a colaborar con la investigación. 

Ahora, lo llamativo es que el propio Carlos Palacio Laje dijo que no tiene contacto con el “oculto” Rodrigo desde hace diez días.

«Estamos haciendo uso de todos los medios y allegados para notificarlo de la citación, pero no habló ni con su hija que cumplió años días atrás», dijo el abogado de uno de los diez imputados por los supuestos delitos de “asociación ilícita”, “estafa” e “intermediación financiera ilegal”.

Rodrigo desapareció de los lugares que solía frecuentar casi al mismo tiempo que el vicepresidente de CBI, Jorge Suau, hallado el 13 de febrero pasado sin vida dentro de su camioneta en un camino rural próximo a la ciudad de Alta Gracia.

¿Temeroso o prófugo?

Aunque al principio, a través de su abogado, dijo temer por su vida y estar supuestamente buscando soluciones para los más de 300 clientes de CBI, cuyos ahorros son reclamados, el paso del tiempo habría jugado en su contra.

Aún más cuando se conoció la presunta carta póstuma de Suau donde sindica a Rodrigo como el “cerebro” de la maniobra delictiva, a pesar de que Palacio Laje prometió que si Rodrigo habla, saldrá nombres más poderosos, ya que él sólo sería el vértice de un triángulo invertido.

No obstante, los dichos del malogrado Suau, en gran parte, fueron coincidentes con las declaraciones del empleado “jerárquico” Luis De los Santos, quien declaró por más de 17 horas y dejo en claro los roles y las responsabilidades de cada uno de los miembros de la financiera.

El llamado a indagatoria del número uno de CBI se conoció poco después que el fiscal federal Enrique Senestrari indicara a la prensa que «se están perdiendo días valiosos», ya que no estaba previsto ninguna citación a los imputados por el resto de la semana luego de la declaración de De los Santos.

Más investigadores

El gran cúmulo de documentación, tanto en papel como en computadoras, son exhaustivamente analizadas por personal de la fiscalía de Senestrari, peritos de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) y técnicos de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).

A ello se le sumarán al menos doce cajas de seguridad, a resguardo de la empresa Blinbox (Bacar), que ayer fueron individualizadas en la sede de la empresa de caudales en la calle Santiago del Estero.

En ese sentido, ayer por la tarde personal de la Policía de Seguridad Aeropuertaria (PSA) estuvieron llevando a cabo las órdenes de la Justicia Federal, al tiempo que se liberaron el resto de los 1.300 cofres que habían sido clausurados desde el pasado 28 de febrero.

Por último, ayer el titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbatella, se reunió con Bustos Fierro y Senestrari para ponerse a disposición de la Justicia Federal en la investigación relacionada con las operaciones.