Rivero: “El edificio de la cárcel quedó obsoleto y superpoblado”

El fiscal dijo que en los pabellones destinados a los procesados observó un “agravamiento de las condiciones de detención” lo que lo llevó a solicitar la intervención del juez de Control y Garantías

Con el pedido de un hábeas corpus colectivo y correctivo en favor de 144 presos alojados en la cárcel de Río Cuarto, la Justicia terminó de sacar a la luz las críticas condiciones del edificio de la Avenida Sabattini al 2.600.

Julio Rivero, el fiscal que el último día hábil de la semana pasada apeló a esta inusual figura para proteger a los internos y corregir las irregulares condiciones en que se encuentran detenidos explicó a PUNTAL por qué tomó esa determinación y qué lo llevó a concluir que las autoridades provinciales no tenían una responsabilidad penal por el hacinamiento de los presos.

-¿Qué panorama encontró dentro del Servicio Penitenciario Número 6?

-Nosotros el día 28 de mayo junto a personal de Criminalística de la Policía de la Provincia hicimos una inspección ocular de la cárcel donde se detectó que el punto crítico del establecimiento se daba en los pabellones 1 y 2 donde se alojan los procesados, es decir, los presos sin condena firme. Lo que vimos allí viene a corroborar lo que los jueces del fuero penal ya habían denunciado, que se trata de una estructura edilicia obsoleta y vetusta y el hacinamiento que allí existe, es decir, la creciente población carcelaria, como dijo la doctora Sucaría. En los pabellones de procesados corroboramos que existe una clara superpoblación. Vimos que en celdas de reducidas dimensiones conviven muchas más personas de lo aconsejado. No advertimos en el resto del establecimiento esa situación, sino que la centramos en esos dos pabellones y, también es justo reconocerlo, en esa recorrida se observaron tareas de refacción y ampliación de sanitarios y un lugar para espacios comunes. Inclusive, en el Pabellón 2 se está construyendo un piso superior.

-¿Por qué las autoridades provinciales no tienen responsabilidad penal, a criterio suyo?

-Lo que determinamos es que si bien esta situación es preocupante, no creemos que las 455 personas privadas de su libertad sean víctimas de un delito. No advertimos que haya ni abandono de persona, ni abuso de autoridad por parte de los encargados de la custodia, sino que consideramos que la respuesta de la Justicia no pasaba por la persecución penal sino por un pedido de hábeas corpus correctivo y colectivo en representación de las personas que al momento de la visita estaban alojadas en los pabellones 1 y 2.

-¿Qué alcances tiene un hábeas corpus correctivo?

-El hábeas corpus es una acción que viene de los orígenes del Derecho Romano. “Habiendo cuerpo hay que exhibirlo”, es decir, que históricamente podía interponerlo cualquier persona ilegalmente privada de su libertad. A partir de la incorporación de documentos internacionales y de jurisprudencia en materia de Derechos Humanos el hábeas corpus se hace extensivo no sólo a aquellas personas que están ilegalmente privadas de su libertad, sino además en aquellos casos en que hay un agravamiento irrazonable, arbitrario o ilegal de las condiciones de detención. Acá, obviamente que nosotros no cuestionamos que las personas estén legalmente detenidas, pero sí consideramos que en los casos puntuales de los pabellones 1 y 2 habría un agravamiento de las condiciones en que se encuentran privados de libertad.

- ¿A partir de su pedido, qué decisión puede tomar el juez de Control?

-Al juez de Control nosotros le pedimos dos cuestiones. Por un lado, como hay funcionarios públicos denunciados frente a los cuales existe un obstáculo de procedimiento porque son personas que pueden llegar a ser sometidas a juicio político, le pedimos al juez que desestime y archive la denuncia por atipicidad, porque no hay delito. Pero al mismo tiempo, pedimos que le dé el trámite que prevé la ley para un hábeas corpus colectivo, es decir, que en caso de que el juez le dé curso requerirá un informe al servicio penitenciario y se buscará resolver la situación.

Junto con su pedido, el fiscal le envió al juez de Control Daniel Muñoz más de doscientas fotografías tomadas por Criminalística de la Policía de Provincia que acreditan el hacinamiento en la centenaria cárcel de la ciudad. Esta semana, Muñoz daría a conocer si le da curso al hábeas corpus.

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