Primero lo hizo en Capital y luego fue el turno de los antros que estaban en el interior provincial. Todo esto es producto de lo que provocó el caso ‘Marita’ Verón, que pese a que el juicio terminó con todos los acusados absueltos, sentó un precedente clave en la lucha contra la trata de personas en La Rioja y a nivel país.

En octubre de 2012, la Unidad de Lucha contra el delito de Trata de Personas de La Rioja, tenía registrado cinco whiskerías habilitadas en toda la provincia. En la capital, estaban registradas cuatro whiskerías: tres funcionaban y una había sido clausurada; en Aimogasta, existen dos whiskerías: una estaba habilitada y la otra fue clausurada. En Chilecito, hay cuatro whiskerías: tres estaban clausuradas y sólo una funciona. De esta manera, sólo cinco locales sobrevivían para esa fecha. Aquellas clausuras, eran por presencia de menores en estos locales y porque no cumplían con algunos de los requisitos establecidos en la ley provincial Nº 8.166.

Con las modificaciones que se aprobaron en la ley de Trata de Personas, la Justicia Federal de La Rioja, ordenó clausurar las whiskerías que funcionaban en la capital, Aimogasta y Chilecito. En este sentido, las clausuras fueron con relación a las leyes de Trata de Personas y de Estupefacientes, es decir, investigar si en estos locales existe situaciones vinculadas con el tráfico y explotación de mujeres y consumo o venta de drogas, criterios diferentes, con relación a las clausuras del año próximo pasado.

En diálogo con el diario local El Independiente, el juez Federal de La Rioja, Daniel Herrera Piedrabuena, calificó a la situación como “histórica”, por cuanto es la primera vez que la Justicia Federal, clausura todas las whiskerías habilitadas en la provincia.

A su vez, el municipio de Capital, emitirá un decreto en el que suspenderá las habilitaciones comerciales que tenían estos locales. Además, solicitaría al Concejo Deliberante de Capital que analice la derogación de los artículos de la ordenanza de Nocturnidad, que posibilitaba el funcionamiento de las whisquerías.

Por otra parte, algunos diputados consideran necesario derogar la ley provincial Nº 8.166 que regula el funcionamiento de las whiskerías. El artículo tercero de la legislación, indica que “los establecimientos habilitados por los municipios, como whiskerías, cabarets, golden u otro de características similares, deberán llevar un registro de todas las personas que desempeñen tareas en los mismos, en el cual se anotarán, además de los datos filiatorios, los registrados en un carné sanitario que expedirá la autoridad competente del Ministerio de Salud Pública”.

La legislación, creó además, una base de datos para las personas afectadas por enfermedades de transmisión sexual, entre otros aspectos. Si esa ley es derogada, el funcionamiento de las whiskerías sería muy limitado, porque los municipios del interior, podrían no autorizar las habilitaciones comerciales para este tipo de locales.

“Esta ley, no se ocupa de las personas: sólo legaliza los locales, donde todos sospechamos que se ejerce la prostitución de forma encubierta. No crea un organismo que contenga y recupere a las víctimas de explotación sexual, se olvida de educar a niños y jóvenes, para que no sean víctimas o clientes de la prostitución. En vez de controlar la Trata de Personas, la termina promocionando y legalizando”, explicó el vicepresidente de la UCR - La Rioja, Juan Amado.

La senadora nacional por La Rioja, Teresita Luna, consideró que “las whiskerías son prostíbulos encubiertos y hay que tratarlos y atacarlos como lo que son. Ahora le toca a la Cámara de Diputados adherir a la nueva Ley de Trata y derogar parcialmente la ley Nº 8.166 del año 2008 de la provincia, por los puntos oscuros que contiene”.

Con la clausura de estos locales, que estaban habilitados por los municipios, es casi seguro que los que fomentan el delito de Trata de Personas, buscarán otra manera de mantener el negocio. También, es previsible que las mujeres que trabajaban en las whiskerías, ejerzan la prostitución en las calles de la ciudad. Por el momento, uno de los caminos que podía ser ocasión de delito, como se estima que son las whiskerías, está cerrado.

LEY PROMULGADA

El Gobierno nacional promulgó la ley que modificó la normativa sobre prevención y sanción de la Trata de Personas y asistencia a las víctimas, sancionada por el Congreso el 19 de diciembre último, y que incorpora severas penas para quienes incurran en ese delito.

La norma promulgada, incorpora la sustitución del artículo 125 bis del Código Penal por el siguiente: “El que promoviere o facilitare la prostitución de una persona, será penado con prisión de cuatro a seis años, aunque mediare el consentimiento de la víctima”.

La cuestión del consentimiento, es uno de los cambios fundamentales de la nueva norma, ya que muchas veces no se podía llegar a una condena, porque la mujer víctima de una red de Trata, aseguraba que había consentido la relación de explotación o sometimiento sexual, debido a que estaba amenazada.

La pena será de 5 a 10 años de prisión “si mediare engaño, fraude, violencia, amenaza o cualquier otro medio de intimidación o coerción, abuso de autoridad o de una situación de vulnerabilidad, o concesión o recepción de pagos o beneficios, para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre la víctima”.

También si “el autor fuere ascendiente, descendiente, cónyuge, afín en línea recta, colateral o conviviente, tutor, curador, autoridad o ministro de cualquier culto reconocido o no, o encargado de la educación o de la guarda de la víctima”.

“Si fuere funcionario público o miembro de una fuerza de seguridad, policial o penitenciaria”, en tanto que si la víctima fuera menor de dieciocho años, “la pena será de diez (10) a quince (15) años de prisión”.

La modificación, alcanza asimismo al artículo 140 del Código Penal, por la que quedó establecido que “serán reprimidos con reclusión o prisión de cuatro a quince años, el que redujere a una persona a esclavitud o servidumbre, bajo cualquier modalidad, y el que la recibiere en tal condición, para mantenerla en ella”.

“En la misma pena, incurrirá el que obligare a una persona a realizar trabajos o servicios forzados o a contraer matrimonio servil”, agrega el artículo.

Se sustituye el artículo 145 bis del Código Penal por el siguiente: “Será reprimido con prisión de cuatro (4) a ocho (8) años, el que ofreciere, captare, trasladare, recibiere o acogiere personas, con fines de explotación, ya sea dentro del territorio nacional, como desde o hacia otros países, aunque mediare el consentimiento de la víctima”.

PROSTÍBULOS

El juicio por el secuestro y promoción de la prostitución de María de los Angeles Verón, estableció que las whiskerías que funcionaban hace diez años atrás, como ‘Candilejas’, ‘Candy’ y ‘El Desafío’, eran prostíbulos.

Los jueces del caso ‘Marita’ Verón concluyen, en la sentencia, que las mujeres que declararon en el debate y aseguraron haber estado en esos tres prostíbulos, “evidenciaron los devastadores efectos vividos: angustias, estrés postraumático, depresiones profundas, miedos patentizados en los antecedentes e informes médicos, psicológicos y psiquiátricos”.

“Esta relación enfermiza y perversa dominante (los don y doñas) y dominadas, creaba una dependencia psicológica por la que aún cuando podían liberarse en los hechos, algunas volvían, porque habían prometido hacerlo o no revelaban su situación, colaborando la victima en mantener la relación de opresión”, indicaron los jueces.

Para el Tribunal, no hay evidencias científicas o técnicas, como muestras de ADN, huellas dactilares, ropa, pelo, que demuestren la presencia de ‘Marita’ en La Rioja. Es por eso, que los nueve imputados de La Rioja por este caso, fueran absueltos. Aquellas tres whiskerías investigadas por el caso Verón, no funcionan desde hace tiempo.