Mediante la Ordenanza 4593, aprobada en septiembre pasado, se exige que estos comercios, para funcionar en ámbitos de la capital riojana, deben pagar una caución "no inferior a los 500 mil pesos", como garantía real del negocio.

También se exige que todas las financieras exhiban de forma clara una pizarra pública con las tasas de interés que se cobran por los préstamos. La norma prevée además la creación de un registro municipal de establecimientos financieros".

La medida tuvo fuertes cuestionamientos de parte de las empresas afectadas que hasta amenazaban con recurrir a la Justicia por el cambio en las reglas de juego. Sin embargo, los concejales defendieron el poder de policía de la Municipalidad para intervenir en la actividad. El titular de la asociación riojana de consumidores (ARCO), Emanuel Akiki advirtió que, ahora, los prestamistas vulneran los controles municipales visitando a acreedores o potenciales clientes a domicilio.