La ley antidroga, por la que la Provincia se hace cargo de los delitos de tráfico de drogas a escala menor, entró en vigencia en las últimas horas pero se hará efectiva desde mañana, cuando los Tribunales ordinarios comiencen a recibir la mayoría de las causas vinculadas con la venta de estupefacientes.

Actualmente, los delitos de escala menor vinculados con drogas conforman la mayor cantidad de causas que se tramitan en la Justicia. Hasta ahora, todas iban a parar a los tribunales federales.

Pero el 28 de junio, la Legislatura aprobó el proyecto que había enviado el gobernador José Manuel de la Sota para instaurar el fuero de Lucha contra el Narcotráfico. Desde la Provincia se encargaron de remarcar que no perseguirán al consumidor sino que se establecerá una estructura de investigación y juzgamiento de los delitos vinculados con el tráfico, la venta o la distribución de drogas a escala menor. Pero, además, la Policía de la Provincia seguirá asistiendo a la Justicia Federal en las investigaciones de mayor envergadura.

Según señala el gobierno provincial en su página web la Dirección General de Lucha contra el Narcotráfico, que dependerá de la Policía de la Provincia, tendrá delegaciones en el interior y trabajará con unos 400 efectivos.

En los hechos, esa Dirección de Lucha contra el Narcotráfico hará controles vehiculares de cargas y equipajes, tanto en las rutas como en las terminales de ómnibus.

La llamada ley antidroga es una adhesión al artículo 34 de la Ley Nacional sobre Tenencia y Tráfico de Estupefacientes.

Cuando se aprobó, el 28 de junio de este año, la principal duda que generó la llamada ley antidroga es cómo atenderá la Justicia provincial el gran caudal de causas que se generan por los delitos de venta de estupefacientes a escala menor. La creación del Fuero de Lucha contra el Narcotráfico sólo tendrá efecto en Córdoba capital, donde habrá un juzgado de control y tres fiscalías dedicadas exclusivamente a este tipo de causas. En el interior, no hay ningún nuevo nombramiento. Para tratar de atenuar la posible sobredemanda, el Tribunal Superior decidió que las Cámaras del Crimen se encarguen de las causas por drogas y que no lo hagan en su calidad de sala sino que cada uno de los miembros actúe como un juzgado unipersonal. Así, como en Río Cuarto hay dos cámaras integradas por tres miembros cada una, serán seis los jueces que recibirán los casos. De lo contrario, hubiesen sido sólo dos. Así, la intención es agilizar el funcionamiento de la Justicia en la aplicación de la nueva ley.

En las últimas semanas, el Tribunal Superior había definido además qué delitos específicos estarán en la órbita de la Justicia provincial. Los tribunales provinciales investigarán la tenencia simple, para consumo personal, con fines de comercialización simple y agravada. También la entrega, el suministro la facilitación de estupefacientes a título oneroso o gratuito.

La siembra o cultivo de estupefacientes para consumo personal, la confabulación para cometer delitos comprendidos en los hechos de tráfico desfederalizados y la facilitación de un lugar para consumir drogas, son otros de los delitos incluidos en la ley.